VLADIMIR ROTHSCHUH

AGUILAR VERSUS JUÁREZ

Vladimir Rothschuh

Samuel Ruiz solía contar divertidamente una anécdota sobre el apropiacionismo que explicaba aún las relaciones de la iglesia con las etnias: en los bautizos colectivos que él celebraba en San Cristóbal de las Casas preguntó una vez a un “chamulita” cómo se llamaría tu hijo y la respuesta fue “Jaguar”. Tatic le explicó que no debía ponerle ese nombre propio ante la epidemia que ya existía en la región como llamarse Coca Cola, Pepsi o Sami Davis Junior, era mejor que se buscara uno en el santoral cristiano. La acotación del sabio tzotzil vino de inmediato “y ustedes sí pueden en la iglesia tener nombres de animales como el Papa León”. La explicación del Cura Rojo abundaba en la falta de respeto a las decisiones que tomaban los pueblos originarios. El hecho es que hoy el Vaticano tiene otro León de Papa que niega a la Virgen María como intercesora cual alguna vez fue negada la Tonantzin. Afortunadamente el mes pasado en la nueva SCJN se originó un parteaguas trascendental que corrigió trescientos años de virreinato y doscientos años de liberales y revolucionarios: el 5 de marzo pasado la nueva Suprema Corte reconoció la validez jurídica de documentos emitidos por la autoridad tradicional rarámuri para acreditar nacimientos y defunciones, sentenciando al Registro Civil chihuahuense a aceptarlas. En 1859 Benito Juárez radicalizó la iniciativa de Comonfort para restarle poder a la iglesia creando el Registro Civil que de un plumazo tampoco devolvió a los pueblos originarios sus ancestrales derechos porque ante todo, el Benemérito de la Patria presumía ser mexicano y no indio. Pero es un paisano suyo, el indígena mixteco Hugo Aguilar Ortiz, el que 167 años más tarde repara esa desproporción liberal con la sentencia a favor de la comunidad rarámuri de Tehuerichi. Para el Ministro Presidente electo por mayoría de votos populares, su modelo de impartición de justicia se ciñe a la experiencia personal defendiendo los derechos de los pueblos originarios engañados por Salinas, Zedillo y Fox en los Diálogos de Larráinzar. El reclamo de 1994 hoy parece simple frente aquella exigencia del EZLN hacia las etnias chiapanecas en torno a autoridades propias, gobiernos comunitarios, justicia conforme usos y costumbres, organización social y económica; sin excluir las obligaciones sociales que el neoliberalismo entorpecía porque conforme al legado juarista, el monopolio de poder del Estado en el Registro Público obstaculizaba a los pueblos originarios educación, salud, vivienda, voto, herencia: sin los “documentos oficiales” nada había que pedir o exigir. El punto final lo dio el mes pasado la innovación del ministro Hugo Aguilar al interior del Poder Judicial implantando los sistemas normativos indígenas, su interculturalidad, su defensa territorial, su autodeterminación, su consulta previa, su reparación histórica, su igualdad, etcétera. Prácticamente el Cuarto Poder que se definía en 1994 como meramente étnico a través de las demandas zapatistas, es el que se replica a través del Ministro Presidente luego de incesantes luchas judiciales contra la parvedad de Vicente Fox que en 1991 pudo cobrar venganza al despojo de las tierras del rancho de su padre ocurrido durante la reforma agraria de los años setenta. Nada de los triunfos de los pueblos originarios bajo la autoridad de Hugo Aguilar en el nuevo Poder Judicial puede lograrse sin un asidero previo, la reforma constitucional de López Obrador de 2024 en beneficio de los pueblos originarios y que simplemente devolvió a los Diálogos de San Andrés su sentido básico. Siglo y medio más tarde de la majestuosa reforma liberal que despojaba a la iglesia de su iusnaturalismo, otro derecho natural del siglo XXI repatria a sus umbrales la grandeza inter y pluricultural de los pueblos originarios de los muchos Méxicos.

IDENTITARISMO Y NARCOPOLÍTICA

Vladimir Rothschuh

Elección tras elección, sexenio tras sexenio, México repite los vicios posdemocráticos de los y las saltimbanquis que apetecen un nuevo cargo o encargo político y público con sueldo al erario, sin soltar el que desempeñan: senadores y senadoras que no renuncian para ser gobernadores; gobernadores que tampoco lo hicieron y ahora son legisladores; alcaldes que ambicionan ser legisladores con un pie dentro de la alcaldía; diputados con licencia que, por si fracasan, regresan a la curul; servidores públicos, ex consejeros, magistrados y jueces o burócratas dorados que, bajo emolumentos, aplican para ser consejeros del INE. Representan la insania pública expoliada a lo largo de décadas. Alguna vez dijo Sartori que el miedo era el cemento que sostenía la bóveda de las autocracias, dictaduras, populismos y seudo liberalismos. A la posdemocracia la sostiene la inmoralidad compartida. Amanecer con la camiseta de otro encargo o partido dándose golpes de pecho refleja la consanguinidad dividiéndose el botín; es nuestro identitario Establishment. La malograda reforma electoral pasó de lejos por esos vicios comunes, inaceptables como usos y costumbres, tal si fueran la expresión dorada de la Atenas mexica.

II- Los «whitexican» seguidores de Trump no deberían discrepar con la sentencia de la Corte para que Inteligencia Financiera evite quedar en el ridículo como lo hizo ver el Tesoro estadounidense sobre CIBanco, Vector e Intercam. Merece el reconocimiento de los opositores políticos esta sentencia de la SCJN contra lavado, terrorismo y empresas fantasmas; los quejosos son los que no acompañaron el Plan A y B de la presidenta Sheinbaum porque no castigaba el lavado de dinero en las campañas electorales. Tampoco es una sentencia jurídica interventora de la Corte, como repiten los seguidores del presidente Trump cuando arbitrariamente piden su intervención en México. La Suprema dilucidó que el proceso pertenece a lo administrativo, no a lo judicial, porque se trata de prevenir riesgos; está de por medio el amparo, el bloqueo tiene caducidad, pero sobre todo debe Hacienda justificar su acción para no vulnerar la seguridad jurídica. La incoherencia de castigar la corrupción narcopolítica y rechazar la ampliación de facultades a la UIF marca una amplia agenda de tropiezos. El magnate de la Casa Blanca, conforme a los «whitexican», es bueno para unos asuntos y es terrible persiguiendo vía UIF narcoterrorismo y la narcopolítica de los cuellos blancos que testaferran la suciedad en el sistema bancario nuestro y global.

100% CITLALLI

Vladimir Rothschuh

Citlalli Hernández atesora muchísimas virtudes políticas, sociales, humanistas, feministas, y todas muestran su honestidad probada. Conforme a los principios transformadores, ni ha robado, ni ha mentido. Con garbo y frente en alto, no es hija de papi ni de mami para reprocharle nepotismo, sea porque le debe a sus progenitores su carrera partidista, menos es promiscua. Sus padres profesionistas han vivido al margen de la politiquería. Nadie puede acusar a Citlalli de robarse un centavo; dejó las arcas del partido rebosantes y de cuentas claras cuando la Presidenta la invitó a ser la primera secretaria de la primera Secretaría de las Mujeres. Citlalli fue a Nueva York y a Beijing en temas feministas y nadie la pilló comprando en tiendas de lujo, simplemente porque es íntegra en sus valores alejándose de las frivolidades de quienes anhelan locamente alcanzar una fatua nobleza burguesa. Nadie puede verla cobrando las rentas de sus edificios o desalojando a otros para adueñarse de sus predios. Posee Citlalli Hernández una identidad que la comulga con la Presidenta de la República y la hermana en el proyecto del segundo piso. En todas las giras de fin de semana, desde la campaña presidencial y hasta hoy como Jefa de Estado, Citlalli ha acompañado a Sheinbaum. Llega antes al trabajo y se retira después, incansable logró crear en todo México la mitad de los Centros Libre para defensa de las mujeres en un año y deja pendientes la mitad de los otros mil 250 municipios restantes. Después de la Cartilla Moral de López Obrador, Citlalli crea la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en español y todas las lenguas nativas. Las nuevas leyes de reforma contra la violencia de género, la estandarización nacional del delito de feminicidio, son su legado. Porque también fue su legado desde la Secretaría General, la alianza política con los verdes y los petistas, ahora destruida por la falta de visión, inteligencia, tacto, humildad y grandeza. Citlalli Hernández llega como relevista a salvar el restante medio juego de las elecciones del 2027, cuyos momios son en contra según los múltiples sondeos. Ante una mujer cien por ciento ética, la oposición volverá a ser moralmente derrotada.

IGUALDAD SUSTANTIVA

Vladimir Rothschuh

Baja California, como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Coahuila, ocupa los primeros lugares a nivel nacional en todo tipo de violencia contra las mujeres; este 2026 acumula 130 casos crueles. La revisión de la SCJN al asunto de una estadounidense visibiliza lo que ocurre en una entidad gobernada por una mujer y que se refleja en todos los estados cuyas gobernadoras azules, guindas y verdes no significan mucho a la sentencia de la presidenta Sheinbaum de que es tiempo de mujeres y de que llegamos todas. Los ministros y ministras determinaron que el tribunal colegiado que conoció del caso, con sede en Baja California, “no cumplió con la obligación de juzgar con perspectiva de género, ya que validó una sentencia condenatoria apoyada en ideas preconcebidas y en un uso deficiente de la prueba circunstancial”. Apenas acaba de estar Citlalli Hernández en Baja California dando seguimiento al Plan de Justicia de San Quintín que arrancó en agosto del 2025. Luego de varios trabajos territoriales con mujeres jornaleras, antier culminó inaugurando un centro de atención integral de apoyo jurídico, psicológico y social con las trabajadoras agrícolas víctimas históricas de los abusos aún feudales en la región. El fallo de las ministras y ministros es extensivo a jueces y magistrados para que actúen con perspectiva de género, pues conminaron a fortalecer los derechos de las víctimas y otorgar seguridad en el control judicial. El reciente acuerdo entre Hugo Aguilar Ortiz y Citlalli Hernández apuntó a garantizar el acceso real a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes, así como a impulsar la igualdad sustantiva, erradicar la violencia, pero sobre todo, la capacitación de las autoridades del Poder Judicial con perspectiva de género. La ministra Esquivel tildó de que esta revisión ordenada por el máximo tribunal, no indulta a la estadounidense de su filicidio.

SIN JUSTICIA, SIN DERECHO

Por Vladimir Rothschuh

La crucifixión de Jesús desde la perspectiva del Nuevo Poder Judicial Mexicano, es un tema que a 2026 años mantiene vigencia por la violación a las garantías de todo proceso. Parece una obra cruel ante el espejo y que no nos asombra aquel Sanedrín y aquella Suprema Corte: el proceso se hizo a oscuritas, literalmente a medianoche y cuando estaban prohibidas las penas capitales; se orquestó al margen de la potestad jurídica del derecho romano bajo tutela regional donde el gobernante pasó por encima lavándose las manos; Jesús, México, no tenía un defensor ni de oficio; las pruebas en su contra fueron fabricadas por sus jueces que a su vez fueron los testigos en contra. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz muchas veces se expresó sobre las sentencias contra los pueblos originarios por ser “legales pero injustas”. Un eterno conflicto, no solamente mexicano, sobre legalidad y legitimidad, siendo el proceso a Jesús de Nazaret indebido; ambas particularidades, ni fueron legales, ni fueron justas. Hoy el Nuevo Poder Judicial Mexicano corrige por mandato soberano el desequilibrio generado por los vicios de los poderes político y económico. La vieja escuela kelseniana de la SCJN volvió a explicar décadas atrás, en un tratado de Ulises Schmill, el indebido proceso al negado Mesías; trabajo llamativo por el positivismo del Ministro Presidente, pero escaso en el realismo jurídico ante los palpables abusos políticos de la tecnocracia, como fuente de poder degradado que no alumbró durante esas fechas neoliberales, aquello en lo que se había convertido la SCJN. El proceso injusto a Jesús, es una Pasión obligada hoy en el Nuevo Poder Judicial pues hace a los mexicanos el cuerpo social crístico replicado Pascua tras Pascua ante la retroalimentación de los abusos políticos y económicos de un antiguo tribunal racista y clasista.

CORRUPCIÓN JUDICIAL

Vladimir Rothschuh

En el relanzamiento del sistema judicial bajo la separación de obligaciones y sin yerro de por medio, estuvieron juntos en Colima, Hugo Aguilar, Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés, Rufino H. León e Indira Isabel García, para inaugurar la Visitaduría Regional de Occidente. Respondiendo a la nueva transparencia y relanzamiento, la actual Suprema Corte se alejó de los vicios del viejo orden judicial donde fungía como juez y parte de casi todo; porque aquella Suprema, como diseñaba el presupuesto, también estaba a cargo de la carrera judicial, decidía en los recursos materiales y financieros, era la sancionadora de las faltas administrativas, fue defensora pública y hasta tramitaba las licencias de sus trabajadores. De nada sirvió crear la Judicatura que apuntaba en los noventa a acabar con la corrupción de los ministros, si al primer golpismo de Zedillo se sumó el segundo de los Aguinacos, Juventinos, Góngoras y Azuelas, pues asumieron, además del pleno, los quehaceres de la Judicatura, hoy separados en los órganos que testean Celia Maya y Néstor Vargas. La hoja de ruta notable en actos y jurisprudencias por el ministro Aguilar Ortiz es de territorialidad para que la Corte, Disciplina y Administración trabajen en campo y de cercanía a quienes la justicia distanció por su centralismo. La Sala que inauguraron en Colima es un órgano de control territorial acerca de las demandas contra jueces y magistrados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, ya para ser sancionados, ya suspendidos, destituidos o bien exonerados, según los casos. No obstante que hoy vivimos la digitalización del Poder Judicial, jamás una inteligencia artificial contará con la sensibilidad de un humano y menos la calidez y cercanía que genera certeza en las clínicas judiciales para oír, escuchar, responder en caliente, pero sobre todo, retroalimentar en ambos sentidos los diálogos entre justicias. Porque ha enfatizado el ministro Hugo Aguilar que en los muchos Méxicos hay muchas justicias apegadas a un corpus social que dan rostro a la Virtud que no al Derecho consuetudinario, frío y desolador las más de las veces en que el pueblo buscó ser atendido. Entonces, de aquí parte la probidad de los impartidores de justicia y sus órganos de control, como división de responsabilidades internas en la construcción de un nuevo orden que la moral común exige en cada mexicano deseoso de un entorno y país armónico; “Idea” que a los milenios no han podido suplantar o apagar las interpretaciones modernas de una neoliberalidad que a todos pasó a escalpelo.

MUJERES AGENDA 2030

Vladimir Rothschuh

Sin sobrecargas políticas ni tabúes ideológicos, la ministra Yasmín Esquivel patentiza su independencia y autonomía como impartidora de justicia del máximo tribunal del país, cuando analiza el sendero de las mujeres en la política mexicana a partir de la primera gobernadora en ocupar ese espacio en Colima, tal fue Griselda Álvarez, y tiempo más tarde en Tlaxcala, Beatriz Paredes. Y desde esa fecha, 1987, hasta 2018, solamente 7 mujeres fueron electas para una gubernatura. Esquivel Mossa desde la nueva SCJN pluricultural encabezada por el ministro Aguilar Ortiz y con mayoría femenina electa en su pleno, ahonda en las reformas constitucionales de 2014 y 2019 sobre la extensión de la paridad, aunadas a los nuevos criterios del TEPJF en el 2021 que empoderaron a las mexicanas en los espacios de elección popular. La ministra Esquivel no invisibilizó a Griselda Álvarez tampoco a Beatriz Paredes, debido a sus orígenes y actuaciones dentro del viejo orden del partido de Estado, pero que obviamente sí marca un antes y un ahora entre las conquistas y los derechos de las mexicanas, según las recientes estadísticas de género sobre pobreza, salud, educación, empleo y gobernanza, señalados por los parámetros de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las recientes revelaciones de ONU, CEPAL, CEEG, Mujeres e INEGI son que la situación de las mexicanas muestra progresos sobre violencia de género, trabajo no remunerado y cuidados, salud y derechos reproductivos, participación económica y política. Citlalli Hernández reconoció la validez de estos indicadores para orientar las acciones del Estado a favor de la igualdad sustantiva y la prevención, atención y combate a las violencias contra las mujeres. Coincidió en los retos alcanzados en la representación de mujeres en cargos públicos y su participación en instituciones; avances gigantescos en paridad política con enormes desafíos locales como son las desigualdades socioeconómicas, normas culturales discriminatorias, y la concentración del poder en hombres. Prácticamente, los progresos a favor de las mexicanas no son pasos de bebé en un país con hondas asimetrías estructurales; si se revisan las agendas semanales de la ministra Esquivel y de Citlalli Hernández, el distintivo común es el empoderamiento de las mexicanas.

VULNERABILIDAD HISTÓRICA

Vladimir Rothschuh

Vulnerabilidad histórica es el eje para que el Supremo Judicial revise la convocatoria legislativa de los tres nuevos o nuevas consejeras del INE. El mismo concepto fue usado por la mayoría del pleno de la Corte de Justicia para atraer temas electorales a su sala. Los ámbitos laboral, derechos humanos y electoral que estaban vedados en el pasado al Máximo Tribunal, comienzan a ser parte de sus revisiones, sentencias y hasta jurisprudencias, porque la vulnerabilidad de indígenas y mujeres se amalgama no sólo en lo electoral, sino también en el empleo y derecho a los derechos humanos. El Tribunal Electoral revisará las impugnaciones a la convocatoria para las nuevas o nuevos miembros del INE porque dejaron fuera los perfiles étnicos y de doble nacionalidad; ni un medio mexicano, ni un mexicano puro habrían de formar parte del grupo de consejeros. El magistrado Gilberto Bátiz ha mostrado coincidencias sobre la jurisprudencia 25/2024 pues la restricción de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a una consejería, es contraria a la regularidad constitucional. Prácticamente, la sentencia final de los magistrados electorales enmendará la convocatoria permitiendo que los grupos vulnerables históricos puedan formar parte del Consejo General del INE. Las etnias han sido el motor de la transformación de México, como lo deja en claro el fallo de ayer de la SCJN y el de mañana del TEPJF. La Corte acaba de recibir la petición de colectivos, organizaciones, academia para platicar sobre la Prisión Oficiosa, castigada por la CIDH gracias al proceso de los hermanos nahuas Tzompaxtle Tecpile y los antecedentes de Ernestina Ascencio, que por vulnerabilidad histórica en Zongolica y no por guerrilleros, sufrieron abusos de los regímenes priístas y panistas de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Cuando el Estado Nacional era persecutor de los grupos históricos vulnerables y de sus causas sociales, nació la culpabilidad de todo mexicano que dejaba de ser inocente, sino sospechoso y enemigo del Estado. Con la sensibilidad indigenista del ministro presidente Hugo Aguilar y su justicia pluricultural, posiblemente el intríngulis de la prisión oficiosa iniciada con Fox, radicalizada por Calderón, permitida con Peña y ampliado hoy su catálogo, tome un giro distinto conforme a la sentencia de la CIDH de apenas hace unos años y en apego a la justicia pro étnica de la Nueva SCJN.

JUSTICIA SUSTANTIVA

Vladimir Rothschuh

La mayoría de las quejas y denuncias internas ante el Tribunal de Disciplina Judicial, proviene de mujeres aún víctimas de las diferentes violencias dentro del Poder Judicial. El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández y el titular del Órgano de administración Judicial, Néstor Vargas, suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional para atajar, reeducar y sancionar la herencia de la vieja Corte resuelta a ignorar un lastre de décadas y agudizado con la ausencia de sororidad de Norma Piña; no bastaba que una mujer llegara si el “feminismo blanco” replicaba groseramente el especismo de nuestra larga cultura misógina. Por causas mayores, Celia Maya, no aparece signando el convenio, aunque sí la magistrada Eva Verónica de Gyves, por parte del ente encargado de sancionar a los jueces y magistrados, como mandos administrativos involucrados en los excesos de poder machista contra sus colaboradoras. También rubricaron el acuerdo Gilberto Bátiz por el TEPJF y Mara Lezama por la Conago. En los festejos juaristas de Guelatao, anunció Citlalli Hernández las Cartillas de Derechos de las Mujeres traducidas a las diferentes lenguas de pueblos originarios, lo que debió congratular al ministro presidente Aguilar Ortiz, en su afán de justicia pluricultural con sus Institutos Federales de Defensoría Pública (IFDP) especializados en la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, específicamente sobre los usos y costumbres hacia sus mujeres. Convergieron en Oaxaca el Ministro Presidente y la Secretaria de las Mujeres en el empoderamiento de las etnias a través de sus justicias. Al encabezar la suscripción del convenio, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, armonizaron la obligación de avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, uniendo voluntades para afrontar de manera vinculada los desafíos de la desigualdad estructural heredada por siglos de dominación religiosa y sus modelos económicos de señorío masculino. Hoy la nueva SCJN supera la paridad de género cuando la integran cinco mujeres ministras, habiendo concordado Yasmín Esquivel, Sara Herrerías y Lenia Batres en la trascendencia humanista de este convenio. Muchas sentencias y acciones administrativas del nuevo Poder Judicial son con perspectiva de género, como la Justicia en Labores de Cuidado; Investigación de Muertes Violentas; Combate a la Violencia por Interpósita Persona; Protección en Desaparición Forzada e Igualdad en el Empleo y el Deporte.

POR LOS CAMINOS DE JUÁREZ

Vladimir Rothschuh

Hugo Aguilar Ortiz es el segundo indígena en presidir la Suprema Corte de Justicia de México. En vísperas de anteayer 21 de marzo y comenzado el fuego nuevo del nuevo siglo Ce Tochtli, el ministro presidente de la SCJN desandó los caminos de Benito Juárez, caminándolos enseguida de concluir el cuarto diálogo entre justicias con las autoridades ancestrales Chocholtecas - Mixtecas en San Cristóbal Suchixtlahuaca. Oaxaqueños, ambos presidentes indígenas de la Suprema Corte de Justicia, sintetizan su tiempo y su siglo, como dijo Victor Hugo de la lucha de Juárez contra el invasor galo-teutón; el mismo Napito III que persiguió y exilió al genio de una Francia sin libertades e igualdades, cuyo tío inspiró con su Código Civil a nuestros liberales a acabar con las castas religiosas e indígenas. Un preciado bien de ser lerdianamente iguales ante la ley, ante un mismo idioma, pero que condujo a otro de los males en la tenencia de la tierra devuelta a manos blancas latifundistas. Ese segundo pico contra los indios, el primero fue la conquista, replicaría al porfirismo, la Revolución y el finiquito de los neoliberales en el siglo XX, con reformas antijuaristas, ya contra el ejido, ya devolviéndole derechos a la alta curia con el 130 constitucional manoseado. Como aquel Juárez que expropia al clero sus inmensos territorios para que las etnias no pudieran acceder a ellas ante la igualdad de las leyes, a Hugo Aguilar Ortiz le toca padecer la modernización salinista que reformó el 27 constitucional para libertad no de los ejidatarios y comuneros, sino otra vez para quienes con dinero se hicieran de sus tierras como ocurrió con las Leyes de Reforma. Semejante a un bucle de tiempo, nuestra alma nacional se miró desde el otro lado de la espiral en la implosión del levantamiento zapatista, en la que el luchador indigenista Hugo Aguilar supo coincidir como expresión mixteca de los derechos agrarios escarnecidos por las transnacionales de la explotación minera a cielo abierto: otra vez las heridas a la tierra sangraban a sus protectores ancestrales cual venas abiertas. Expresión de su época, Benito Juárez creyó en un México igual ante las leyes, unificado por el español, sin castas, sin injerencias externas, perfil que lo unifica y matiza un siglo después con el indígena mixteco Aguilar Ortiz, que hoy preside la Suprema Corte bajo una innovadora perspectiva de convergencia plural, fomentando las múltiples imparticiones de justicia del centenar de pueblos originarios. A ese reconocimiento, fomento y participación nativos, Hugo Aguilar Ortiz lo ha denominado “diálogo entre justicias”, porque el derecho ajeno no trajo paz, sino privilegios y apropiación blanca sobre agua, árboles, minerales, semillas y la vida misma pisoteada por hambre y nuevas esclavitudes. El indigenismo de Leopoldo Batres, de los hermanos Caso, fue el esnob apropiacionista de Maximiliano y Carlota. El lema de que por encima o al lado de la ley nadie, tan usado y desgastado por una justicia de blancos, es hoy sometido a juicio por la revisión pluralista del nuevo presidente de la nueva Suprema Corte, el mixteco Hugo Aguilar Ortiz.

CUARTO DIÁLOGO ENTRE JUSTICIAS

Vladimir Rothschuh

La región Mixteca-Chocholteca fue la zona más poderosa del sur de México hasta la conquista de los mexicas. Los descendientes del afamado Rey Atonaltzin mantuvieron su identidad por milenios de luchas y dominación, volviendo a saltar al ámbito nacional hace poco ante la SCJN por una disputa territorial y de reconocimiento a sus modelos de impartición de justicia. Esta es la región escogida por el ministro presidente de la Suprema Corte y nativo originario mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, para echar a andar su cuarto conversatorio de justicia en territorio, desde y en torno, a los pueblos y voces originarias excluidas por siglos de la justicia impartida por gente blanca, como señala el filósofo italiano Franco Berardi acerca de este especismo histórico. Estrictamente, puede afirmarse que el presidente Aguilar Ortiz tomó el punto neurálgico de San Cristóbal Suchixtlahuaca para emprender el cuarto de varios diálogos constructores de una justicia real y verdadera, no nada más en los expedientes y escritorios. El ministro presidente se hizo acompañar de decenas de comunidades de los pueblos Ngigua-ngiba, Mixteco y Nahua, magistradas y magistrados del Poder Judicial Federal del Decimotercer Circuito e integrantes del Tribunal Electoral Superior de Oaxaca y del Tribunal Superior de Justicia de esa misma entidad; del Instituto de la Defensoría Pública Federal y de organismos internacionales como las Naciones Unidas. El sentido de estos diálogos pluriculturales apunta a constituir un protocolo en materia de armonización y coordinación de justicias para la consolidación del pluralismo jurídico mexicano. Este cuarto diálogo entre justicias hilvana el primero de ellos, que fue un hito en la historia externa e íntima de la SCJN en la Sierra Norte oaxaqueña con autoridades y comunidades zapotecas y chinantecas; enseguida fue Nayarit con los pueblos Wixárika, Náyeri y Mexican; ocurriendo enseguida el penúltimo diálogo en Cuetzalan, con los pueblos Nahua, Tutunakuj y Ngíväs, donde Aguilar Ortiz enfatizó el encabalgamiento de los trabajos de los jueces de paz con la justicia de estas comunidades. La justicia en territorio ha sacado al sol y viento a los ministros de la Suprema Corte a conocer los muchos Méxicos que nuestra constitución estandariza y deforma con un solo tipo de sentencia. La ambición del ministro presidente Hugo Aguilar es que el nuevo e inicial pluralismo jurídico mexicano reconozca los sistemas normativos indígenas y que se sumen a la edificación de una justicia intercultural, inclusiva y cercana a la gente.

IGUALDAD SUSTANTIVA

Vladimir Rothschuh

La otra diplomacia cultural de la presidenta Sheinbaum apuntalada por Suárez del Real, ha conseguido la confesión exigida desde el sexenio del presidente López Obrador y hoy obtenida públicamente como confesión de parte del Rey Católico Felipe que no se llena de orgullo ante los excesos de la expedición comercial y religiosa de Castilla y Aragón en las Indias Occidentales. El Rey cierra el capítulo diplomático y obtiene vía franca para entrar al Palacio de Moctezuma a la salutación fraterna con la Presidenta de México, arraigada en España por la vía filosófica y residencial de su hija, que ya ensayó un análisis entre los encuentros y los descubrimientos de ambos mundos.

II- Las acciones feministas de gobierno de Clara Brugada, igualdad sustantiva, seguridad y autonomía económica, definen su administración con sentido púrpura. Las madres buscadoras que durante su campaña electoral a la CDMX intentaron usar osamentas con fines proselitistas, vuelven apuntando a boicotear el Mundial de Futbol con demandas atendidas por Bertha Alcalde, Rosa Icela, Citlalli Hernández, Ernestina Godoy y la presidenta Sheinbaum. La sororidad de Brugada no tiene ideologías, ni banderas y es la Jefa de Gobierno quien ahora va tras esas madres a homologar objetivos, sentimientos y convergencias.

II- La mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral al privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos; son herramientas que fue a promover Gilberto Bátiz a la Sala Regional de Monterrey. Son instrumentos civilizados para un país semejante y actores políticos semejantes y no porque estemos en un México aún bronco, polarizado, más creyente del conflicto que de la resolución, pueden menospreciarse en el ámbito electoral. El magistrado Bátiz dirán que fue a ofrecerle perlas a una posdemocracia que entre sí no sabe dialogar y en la intimidad se destrozan las militancias. En la presentación del libro de Cuauhtémoc Cárdenas, el magistrado presidente del supremo electoral sentenció que “una democracia progresista es aquella en la que las personas pueden confiar en que su voto será respetado sin necesidad de salir a la calle a defenderlo. También es aquella en que la justicia electoral opera con independencia, y como lo hemos dicho, con suficiencia técnica y responsabilidad democrática”. La justicia alternativa tiene un trecho largo y ancho que recorrer en nuestro México.

EL FRUFRÚ DE SHEINBAUM

Vladimir Rothschuh

Anoche la Presidenta refrescó su ejercicio de poder sin golpes de timón: llevó al PT y PVEM a Palacio para configurar el Plan B. Con el plisado frufrú de su estilo, serenó las hordas de bots que habían comenzado a generar ruido en contra de Karen Castrejón y Alberto Anaya, calificándolos inicialmente de traidores por no gritar jotos en el albur electoral de Pablo Gómez. Hay que celebrar y elogiar la madurez de la presidenta Sheinbaum para alejarse de los maniqueísmos que identifican los arrebatos y fracasos tradicionales de la izquierda doméstica. La reforma electoral por las vías primaria y secundaria quedó planchada anoche gracias al talento, que muchos creían había perdido la Presidenta, de saberle encontrar a las negativas nuevas oportunidades. El método científico es agotador porque, además de la verificación constante, hay que regresar muchas veces sobre el error que no es tal. La retroalimentación va más allá de anoche; fueron meses de tiempo, dinero, soberbias, desgaste innecesario en una reforma insulsa en manos de un operador inepto vinculado a la ex DFS, capaz solamente de sumar adversidades. La vía más corta y eficaz, siempre será la Presidenta de México.

Futuristamente, Brugada blinda el porvenir de la justicia social de la CDMX. Se alza impar en su perspectiva personal; antes que ella nadie tuvo visión e inclusión de los que menos tienen en magnitudes sociales que van desde la primera infancia hasta los adultos mayores bajo un sistema completo de cuidados. Faltándole mucho para buscar la Presidencia de la República, pero en vísperas de la renovación del Congreso y alcaldías capitalinas el año entrante, previene y acelera la constitucionalidad de sus reformas sociales a rango de ley.

JUSTICIA EN TERRITORIO

Vladimir Rothschuh

Devuelve la SCJN en su primer pleno en territorio indígena, el añejo concepto de “Cuarto Poder” históricamente reclamado por las etnias y, que en forma y fondo, se encuentra lejano del mal autoarrogado cuarto poder de la prensa. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz lo aprobaron por unanimidad el resto de los integrantes del pleno y ante una nutrida comunidad diversa de pueblos originarios que fueron a ser escuchados conforme las nuevas prácticas de puertas abiertas del indígena oaxaqueño y ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar. A partir de la sentencia del pleno en Tenejapa, Chiapas, todas las etnias del país tienen derecho a presupuesto público y a gobernarse conforme sus tradiciones. El chiapaneco y magistrado presidente del Supremo Electoral, Gilberto Bátiz, también arrancó en territorio y ante los Chamulas, el enfoque de “Justicia Cercana” defendiendo los autogobiernos respaldados por el tribunal electoral, así como la inclusión de los pueblos afromexicanos a su autodeterminación. El ministro Hugo Aguilar cumplió una de sus promesas de justicia in situ en plenos itinerantes por regiones indígenas donde Chiapas ocupe el primer sitio nacional de pueblos originarios. Ayer el Presidente Aguilar consiguió que la Nueva Corte plasmara en el dictamen en la ministra Ortiz y la votación unánime de los ministros, que desde Chiapas, fermento del mundo en 1994, las etnias tengan acceso a dinero del Estado para el desempeño de sus autogobiernos. Aguilar Ortiz ya había emprendido acciones innovadoras en noviembre pasado, inaugurando la primera oficina de la Defensoría Pública federal especializada para comunidades indígenas y afromexicanas en el estado de Hidalgo. Por 500 años esa Corte de Justicia dio la espalda a los mexicanos originarios, es triste repetirlo, pero nuestra primera constitución traducida a “mexicano”, tuviera que ser la promovida por Carlota que defraudó a nuestros conservadores clasistas y racistas. La justicia pluricultural de la nueva SCJN incluye la obligación del Estado de brindar intérpretes a los indígenas sentenciados con abogados de oficio multilingües afines a las necesidades sociales de quienes engrosan cárceles por delitos de hambre.

PRIMER HOSPITAL MULTIÉTNICO

Vladimir Rothschuh

El primer hospital multiétnico moderno de toda América, suele decirse que es el de Jesús que creó Hernán Cortés en 1524 y que aún presta servicios, pero ciertamente lo acaban de inaugurar el presidente Daniel Ortega y la presidenta Rosario Murillo en la Costa Norte nicaragüense. En el continente americano existen tres vinculados a las etnias: dos en México y uno más en Chile, que atienden a las comunidades indígenas conforme a usos y costumbres. La diferencia entre éstos y el Hospital Regional Sandino Nuevo Amanecer, recién inaugurado, es que con instalaciones de primer mundo y tecnología de punta inicia operaciones con personal médico emanado de la zona y que habla las lenguas Sumo, Miskito, Ulwua, Creole y Garífuna. Etnias de resistencia perseguidas y abandonadas por siglos, pero no aniquiladas en la costa este nicaragüense. Aquí en México, el presidente López Obrador inició los Planes de Justicia para las etnias olvidadas y que ha dado continuidad la presidenta Sheinbaum con la visibilización de sus mujeres en nuestra historia, dando lugar al reconocimiento de La Malinche, estigmatizada por siglos por nuestros liberales. Actualmente, el ministro presidente de la Suprema Corte y de origen indígena mixteco, Hugo Aguilar, comenzó una innovación en la impartición de justicia para los grupos étnicos marginados por quinientos años en el sistema blanco de justicia, con tal que tengan voz, derechos y participación pluricultural en el nuevo modelo judicial del Estado Mexicano. Las dimensiones del Sandino Nuevo Amanecer son gigantescas para ese país: veinte mil metros con diez bloques de edificios con medicina nuclear, aceleradores lineales e inteligencia artificial para diagnósticos de imágenes, que explican el sentido de la salud como un derecho donde la sanación no cuesta un centavo, sentenció el presidente Ortega. Hoy México emprende una nacionalización de sus hospitales que fueron construidos por la empresa privada y a su vez subrogados a ella misma a costos multimillonarios. Estos hospitales del ISSSTE han regresado paulatinamente al Estado y los nuevos se construyen con recursos propios. El Hospital Regional Sandino Nuevo Amanecer, lo exaltó la presidenta Rosario Murillo como una victoria del pueblo porque se hizo con dinero de los nicaragüenses; cada córdoba invertido proviene de las finanzas sanas y del manejo sensato de su economía, que es calificada por el FMI como una de las mejores en Mesoamérica por el elevado crecimiento de su PIB. El primer hospital moderno multiétnico de América en la costa norte nicaragüense nos revela que la inclusión y reconocimiento de nuestras raíces étnicas sólo es posible cuando el progresismo gubernativo devuelve a los suyos sus derechos.

EL PRECIO DE LA REFORMA

Vladimir Rothschuh

1988 es marcado como el inicio de una cascada de reformas electorales de pequeño y gran calado, cual reflejo de la crisis del Partido de Estado. Con la reforma de la presidenta Sheinbaum tendrían lugar, de aquella fecha a ésta, dos docenas de cambios sustanciales al marco normativo del rejuego político partidista. Es atractivo el análisis que circulan las autoridades electorales, porque encuentra que las reformas coinciden con la carencia de legitimidad del partido gobernante y de su Presidente en turno. El cauce abierto en la actual coyuntura, debate que siendo la presidenta Sheinbaum la mandataria con el mayor número de votos, con la mayor autoridad popular medida mes a mes y con una estatura mundial única, por qué toma la decisión de arrancar una reforma cuando no tiene ninguna sombra como la tuvo Carlos Salinas en 1988. Son promesas de campaña, es cierto, a las que se adhieren parcialmente sus aliados de Morena, PT y PVEM, por no decir que las rechazan en su totalidad. Por no tener las ilegitimidades de Salinas y Calderón, puso el resto sobre la mesa como apuesta segura de un triunfo redondo, nada es error sino aprendizaje: el peso sustancioso perdió dos pequeñas partes y el desequilibrio se expresa mucho mayor. El fraude electoral del 88 señaló el declive del Partido de Estado y todo por negarse a negociar Miguel de la Madrid con Cuauhtémoc Cárdenas, la dirección de Pemex; toda la historia política nacional está plagada de esas minucias costosas. El otro proceso fraudulento, que no debió ocurrir bajo la primera alternancia y transición democrática, tuvo lugar con Felipe Calderón frente a López Obrador. En ambos escenarios no cabe, ni tiene semejanza el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, por ser una de las líderes globales mejor posicionada y con una arrolladora autoridad doméstica. Las reformas electorales, desde la Revolución hasta la fecha, generan una cadena de incógnitas de por qué la presidenta Sheinbaum se identifica con 1988 y 2006, cuando no son referentes suyos. Las propuestas de acabar con el nepotismo político y con la reelección son estimables en cuanto desnudan la persistencia del hilo negro como cordón umbilical en que el gatopardismo expresa la esencia de nuestra posdemocracia. Moralmente, la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum es magnífica; como Estadista, descubre que los remedios a los males son amargos y que carece de operadores políticos a la medida de su dimensión histórica y de sus deseos transformadores.

UÑA Y MUGRE

Vladimir Rothschuh

A manera de enmendar el fraude electoral en la reciente consulta popular oaxaqueña, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum contempla extender la revocación de mandato a municipios y que los partidos estatales puedan convocarla. El Partido del Trabajo llamó un burdo fraude a la consulta de Salomón Jara; según la gente de Alberto Anaya, robó votos, preñó urnas, se adueñó del poder electoral estatal; en fin, el partido aliado de Morena señaló los vicios del priísmo en su representante ejecutivo de Oaxaca. Y la estafa electoral embarazando urnas, o bien tamaleando boletas, como si hubiese ocurrido en el remoto Valle del Marquesado, no tuvo eco en ningún lado, ni en el INE, ni en el TEPJF. Aquí radica otra de las razones de la reforma electoral de la Presidenta para acabar con las prácticas caciquiles de los gobernadores que, como roban, imponen y dejan a la parentela en los poderes estatales, gracias a los OPLES. Curiosamente, el INE y los partidos se oponen a desaparecer esos feudos mal llamados Organismos Públicos Locales Electorales, que, como se va viendo, están subordinados a los deseos del gobernador en turno. Y no se trata solamente de quienes fueron priístas y amanecieron morenos, sino que ahí están los naranjas en Jalisco y en Nuevo León, los verdes en Chiapas y en San Luis. La reciente revocación de mandato que perdió Salomón Jara tuvo el visto bueno de Morena, que implicó hacerse de la vista gorda con los chantajes de la Coordinadora 22 contra Mario Delgado y Martí Batres; tanto así, como del ninguneo a los petistas que ahora no acompañan la reforma electoral de la Presidenta puesto que se niegan a ser aderezo de las tlayudas sobre manteles guindas. Aun cuando esta reforma electoral apunte a cauterizar los vicios priístas oaxaqueños, los petistas se siguen diciendo resentidos. El líder de San Lázaro confirmó que el documento filtrado por sus diputados es verdadero, pero no el definitivo, porque pasado mañana se conocerá el descafeinado latte conseguido en la rebeldía de quienes luchan por sostener el statu quo del Ogro Filantrópico priísta. Se le debe al habilidoso senador Monreal haber sacado de la carrera sucesoria oaxaqueña a Susana Harp y a Ramírez Pineda. Logró, junto con el nuevo Grupo Atlacomulco morenista, imponérsele al presidente López Obrador con falsas encuestas en torno a su amigo el senador Jara. El presidente López Obrador, pudiendo ejercer el poder absoluto porque era amigo beisbolero de Harp Helú, como añejo de Heladio Ramírez, se abstuvo y aceptó los imperativos de Monreal como también se los admitió cuando el zacatecano le cerró el paso a Bernardo Bátiz para Fiscal de la República. La reforma de la presidenta Sheinbaum, por donde se le mire, trae más beneficios que las actuales reglas surgidas del peñista Pacto por México, donde esos oaxaqueños fueron uña y mugre.