Por Vladimir Rothschuh
El presidencialismo mexicano,
lejos de haberse diluido con la transición democrática o la alternancia de
siglas, mantiene intacta su esencia histórica: la concentración del poder en un
vértice único desde el cual se irradia la disciplina, la cohesión y la sucesión.
La arquitectura política nacional no admite diarquías duraderas. Todo el
sistema gravita en torno a la voluntad superior del titular del Ejecutivo, pues
en la cúspide de la pirámide no solo se toman las grandes decisiones de Estado,
sino que se administra la permanencia del proyecto político a través del
control de la disciplina territorial y legislativa. En vísperas del Segundo
Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, el régimen atraviesa
su verdadera aduana estructural. La primera etapa del sexenio estuvo marcada
por el tránsito inevitable de la herencia: un gabinete, una bancada y un
andamiaje regional confeccionados minuciosamente por su antecesor para
garantizar la continuidad de sus intereses y proyecto. Sin embargo, el
ejercicio del mando presidencial en México exige la edificación de una fuerza
propia de quien ejerce el poder máximo en turno. Cada tres años, el sexenio se
ve ineludiblemente sometido a la renovación del calendario electoral, una
prueba necesaria del sistema, refrescando el Congreso Federal, las gubernaturas
y los congresos locales. Es en esta coyuntura donde Claudia Sheinbaum no solo
busca mayorías para gobernar, sino el blindaje político y presupuestal para el
desenlace de su gestión. Cuatrienio tras cuatrienio, sexenio tras sexenio, el
modelo innovador posrevolucionario de una monarquía electiva se reconfigura
desde el pasado inmediato, que debe ser el humus de la nueva savia gobernante.
Las recientes designaciones de Morena para los procesos de 2027 en entidades como
Campeche, Colima y Aguascalientes, como las por venir, quiero creer que
constituyen la primera piedra visible del andamiaje estrictamente Claudista. En
la lógica incuestionable del sistema del partido gobernante, no deben existir
candidaturas locales ajenas a la mirada de Palacio Nacional. Aunque se revistan
de encuestas o deliberaciones internas, los perfiles decantados para operar las
gubernaturas e impulsar las listas legislativas responden a un axioma claro: la
lealtad directa al eje de autoridad que lo representa la presidenta Sheinbaum.
Sin dobleces, nuestra mandataria ha de mantener la certeza de su ejercicio
republicano, evitando que le broten deslealtades como ocurrió en el noroeste y
que ha remontado desde otras facetas, achicando el crudo patriarcado. Esto es,
Sheinbaum ha de construir con equipo propio la gobernabilidad de la
segunda mitad de su mandato, así como la defensa de su legado frente al juicio
de la historia y las tensiones de la sucesión. La Presidenta tendrá que
desplazar progresivamente los contrapesos heredados para sustituirlos por
claudistas con identidad propia. Los gobernadores que surjan de las 27
contiendas estatales, como la renovación del Congreso, serán las columnas que
le sostengan la espalda. A punto de rendir cuentas sobre su segundo año de
administración, la Presidenta manifiesta que la continuidad del movimiento no
implica la subordinación perpetua a la figura original, debido a que nuestras
prácticas políticas históricamente prohíben un poder bífido sobre el que nunca
podrá descansar la base del federalismo y mucho menos las lealtades. Nuestro
presidencialismo ha despertado de nuevo en su ritual más antiguo: la
edificación pausada pero firme del poder alrededor de quien encarna la máxima
figura constitucional: Claudia Sheinbaum.