Vladimir Rothschuh
Baja
California, como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León,
Guanajuato y Coahuila, ocupa los primeros lugares a nivel nacional en todo
tipo de violencia contra las mujeres; este 2026 acumula 130 casos crueles. La
revisión de la SCJN al asunto de una estadounidense visibiliza lo que
ocurre en una entidad gobernada por una mujer y que se refleja en todos los
estados cuyas gobernadoras azules, guindas y verdes no significan mucho a la
sentencia de la presidenta Sheinbaum de que es tiempo de mujeres y de que
llegamos todas. Los ministros y ministras determinaron que el tribunal
colegiado que conoció del caso, con sede en Baja California, “no cumplió con la
obligación de juzgar con perspectiva de género, ya que validó una sentencia
condenatoria apoyada en ideas preconcebidas y en un uso deficiente de la prueba
circunstancial”. Apenas acaba de estar Citlalli Hernández en Baja California
dando seguimiento al Plan de Justicia de San Quintín que arrancó en agosto del
2025. Luego de varios trabajos territoriales con mujeres jornaleras, antier
culminó inaugurando un centro de atención integral de apoyo jurídico,
psicológico y social con las trabajadoras agrícolas víctimas históricas de los
abusos aún feudales en la región. El fallo de las ministras y ministros es
extensivo a jueces y magistrados para que actúen con perspectiva de género,
pues conminaron a fortalecer los derechos de las víctimas y otorgar seguridad
en el control judicial. El reciente acuerdo entre Hugo Aguilar Ortiz y Citlalli
Hernández apuntó a garantizar el acceso real a la justicia para mujeres,
niñas y adolescentes, así como a impulsar la igualdad sustantiva, erradicar la
violencia, pero sobre todo, la capacitación de las autoridades del Poder
Judicial con perspectiva de género. La ministra Esquivel tildó de que esta
revisión ordenada por el máximo tribunal, no indulta a la estadounidense de su
filicidio.