Vladimir Rothschuh
Desde Guadalupe Victoria hasta
Claudia Sheinbaum, los informes de gobierno de la Presidencia de la República
han representado la rendición de cuentas legal y cuantificable del Poder
Ejecutivo ante el Congreso de la Unión y la nación. Frente a la inmediatez
cotidiana y el encuadre político de las Mañaneras del Pueblo, la historia del
Informe de Gobierno constituye el verdadero pulso de la naturaleza republicana
de México: un devenir de rupturas, tensiones, continuidades e innovaciones. La legitimidad del Jefe de Estado siempre ha
sido el espejo de su tiempo. Así se reflejó en las disputas iniciales entre las
logias masónicas yorkinas y escocesas, en las batallas campales entre liberales
y conservadores, en el ritualismo reeleccionista del Porfiriato, en la
hegemonía del PRI y sus partidos satélites, y en las posteriores alternancias
partidistas de finales de siglo y comienzos de éste. Esa solemnidad del
presidencialismo del siglo pasado sufrió un quiebre definitivo cuando la
pluralidad irrumpió en el recinto parlamentario. Aquel andamiaje comenzó a
fisurarse con Miguel de la Madrid tras ser interpelado en 1988, y se profundizó
con los subsecuentes mandatos tricolores que enfrentaron bancadas de oposición:
desde Carlos Salinas de Gortari recibido de espaldas por la izquierda, pasando
por Ernesto Zedillo confrontado ante la máscara de cerdo, hasta el colapso del
protocolo en 2006, cuando la toma de la tribuna impidió a Vicente Fox
pronunciar su mensaje. Pero la ruptura total ocurrió con Felipe Calderón.
Carente de legitimidad de origen tras la cuestionada elección de 2006 y ansioso
por evitar el juicio directo de su contrapeso legislativo, su gobierno promovió
la reforma constitucional de 2008 para que el Titular del Ejecutivo no tuviera
que volver a San Lázaro a rendir cuentas presenciales. Aquella maniobra, nacida
del temor a la confrontación, canceló un rito republicano bicentenario. Enrique
Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador mantuvieron ese formato a distancia,
consolidando el hábito de enviar el texto por escrito a través de la Secretaría
de Gobernación y emitir mensajes paralelos. Hoy, la Presidenta Claudia
Sheinbaum se sitúa en una posición histórica y democrática diametralmente
opuesta por lo singular de su elección y
mandato. Respaldada por la votación más abrumadora jamás registrada en la
trayectoria institucional de México, su legitimidad indiscutible contrasta de
forma radical con las sombras y componendas del pasado. Con una autoridad
política cimentada en la austeridad, la probidad y la medianía republicana, la
Doctora Sheinbaum encarna la fortaleza institucional de un Ejecutivo que no
requiere parapetarse tras decretos ni enviar emisarios para justificar su
gestión como se lo ha dicho en más de una ocasión a sus consejeros políticos,
siendo sus encuentros cotidianos con el pueblo su sello de autoridad. Su
liderazgo no teme al escrutinio ni a la mirada pública, pues se sostiene en la
coincidencia del proyecto de nación con el sentir de las mayorías, por lo que
su propósito de volver a San Lázaro es una iniciativa vigente. La propuesta de
restituir el formato presencial del informe y retornar a la tribuna del
Congreso de la Unión constituye una verdadera lección de valentía y estatura
republicana solamente capaz en ella. Lejos de buscar la comodidad del repliegue
que caracterizó a las administraciones neoliberales, Sheinbaum demostrará la
audacia de quien entiende que el poder público solo se engrandece cuando da la
cara a la nación, en territorio y entre
la gente. La decisión de asumir los próximos años personalmente la alta tribuna
de San Lázaro, desmantela desde ya el mal legado del calderonismo y rescata el
espíritu de 1824 en su estado más puro. Como la primera mujer en conducir los
destinos de la Patria, su presencia ante la representación popular no sólo
dignificará la división de poderes, sino que redefinirá el ejercicio de la
máxima magistratura: una Presidencia honesta, cercana y transparente que restaurará
al pueblo de México el sagrado deber constitucional de rendir cuentas de cara a
la historia como en nuestros anhelados orígenes del 1 de enero de 1825.
