Vladimir Rothschuh
La mejor versión del ministro Hugo Aguilar Ortiz es la que él mismo construye
de sí. De forma análoga a como Honoré de Balzac pincelaba a los personajes de
sus obras: con su figura menuda, su característico bigote, las guayaberas
bordadas con grecas indígenas, su hablar pausado y sus expresiones moderadas,
el Ministro Presidente condensa la suma de cinco siglos de resistencia y
cultura de los pueblos originarios. Aunque se ostenta puro Ñuu Savi, es en
realidad resultado del mestizaje que funda los múltiples Méxicos que moldean
culturas, lenguas, religiones y diversidades sociales. Esa impronta pone en
entredicho la célebre sentencia de Octavio Paz en Sor Juana Inés de la Cruz o
las trampas de la fe, donde el poeta atribuye la cortesía mexicana al
refinamiento de la Corte virreinal del altiplano. Existe una sustancia más
profunda en los pueblos originarios que enriquece esa manifestación suave del
comportamiento colectivo, y que no necesariamente nació en el Centro, aun
cuando Antequera —hoy Oaxaca— haya perfilado conductas a través de sus
haciendas, iglesias y conventos. La figura étnica de Aguilar Ortiz en el Poder
Judicial decanta de la mejor manera la reforma histórica y popular de este
poder del Estado. Su trayectoria, centrada en el pluralismo jurídico, los
derechos humanos y las causas de los pueblos indígenas, proyecta una imagen de
reforma social exenta de estridencias ideológicas, que concilia la agenda de la
Cuarta Transformación con el rigor constitucional. Ese estilo sobrio genera
certeza en los sectores económicos y se traduce en predictibilidad jurídica.
Esa misma red de su ADN le permite tejer equilibrios internos y externos.
Destaca su relación institucional fluida con la presidenta Claudia Sheinbaum,
que lo posiciona como interlocutor confiable, más interesado en la estabilidad
de la reforma judicial que en las disputas de facción. En poco más de un año,
ha construido un liderazgo que actúa como contrapeso dentro del Pleno, concilia
posturas entre los ministros de la nueva etapa y evita la parálisis operativa del
máximo tribunal. Sostiene, además, un diálogo fluido con el Congreso, superando
la vieja confrontación del interpretativismo constituyente, en la que la
Suprema Corte pretendía legislar por encima del órgano soberano. Esas virtudes
cobran relevancia justo cuando se discute la reconfiguración de la SCJN. El
nudo central está en la antinomia entre el artículo 94 y el artículo 97, que
nunca fue derogado y que faculta al Pleno a elegir a su presidente por cuatro
años mediante voto interno. La reforma judicial de mayo de 2026, que pospuso a
2028 la elección de jueces y magistrados, dejó intacta la contradicción y la
propia presidenta Sheinbaum ha reconocido en su conferencia matutina la
existencia de ese conflicto normativo. En el Pleno se perfila ya un bloque de
ministros dispuesto a inclinar la balanza hacia la permanencia del ministro
presidente. En un contexto donde la transformación judicial sigue incompleta de
cara al proceso electoral de 2028 y a la consolidación del "Segundo
Piso" de la Transformación, no hay margen para que dos pasos hacia
adelante se conviertan en cuatro hacia atrás, arriesgando la certidumbre en el
Estado de Derecho. Que Hugo Aguilar Ortiz complete un mandato ampliado no es
solo la salida técnica a una antinomia constitucional: es, sobre todo, la
apuesta por sostener al frente del Poder Judicial un perfil que ha sabido
traducir sentencias por la gobernabilidad de México.