Vladimir Rothschuh
La estrategia para eludir el costo político se ha vuelto una
fórmula tan trillada como peligrosa cada vez que se usa la autoridad del
expresidente de México como blindaje personal. Este recurso, utilizado hasta el
cansancio durante las crisis de figuras como Adán Augusto López, Rubén Rocha
Moya, Marina del Pilar y los colmos, Cuauhtémoc Blanco, Rodríguez Padilla y
etcétera, escala niveles de estulticia. Es indispensable asentar un principio
básico de ética pública: los ilícitos, excesos y omisiones cometidos por
militantes, funcionarios, gobernadores o legisladores son estrictamente eventos
de responsabilidad personal. Pretender que la figura del exmandatario funcione
como un chaleco antibalas para encubrir fallas propias no solo es éticamente
insostenible, sino que exhibe un infantilismo político exagerado. En el entorno
que rodea la dirigencia nacional guinda, este hábito de buscar amparo en el
referente paternal refleja la fijación de una conciencia colectiva lastimada
que, lejos de asumir la madurez que exige el ejercicio del poder, perpetúa una
nefasta herencia de irresponsabilidad institucional. Este patrón es la
manifestación de un diseño de poder que privilegió la lealtad personal sobre la
solvencia técnica y la rendición de cuentas. Durante años, el aparato guinda
construyó su cohesión interna apelando a la figura tutelar obradorista como
cemento ideológico, y ahora cosecha las consecuencias de esa dependencia:
cuando el liderazgo original se retira del primer plano institucional, la
orfandad política resultante empuja a los cuadros de primera y segunda línea a
invocar su nombre no como inspiración programática, sino como escudo defensivo
ante cada escándalo. El problema de fondo trasciende las dirigencias de
Montiel, Citlalli o a cualquier funcionario partidista en particular. Se trata
de una cultura política que ha normalizado la sustitución del análisis por la
lealtad y de la autocrítica por la épica del movimiento. Cada vez que surge una
crisis —ya sea un asesinato con ribetes de crimen organizado, un desvío de
recursos, misoginia o una negligencia administrativa— la respuesta
institucional privilegiada no es la investigación rigurosa ni la separación del
cargo de los responsables directos, sino la construcción de una narrativa que
traslada el conflicto al terreno simbólico, donde utilizar al fundador del
movimiento se confunde deliberadamente con defender a quienes hoy ocupan
posiciones de poder. Esta confusión opera como una cortina de humo que impide
el escrutinio ciudadano y desactiva cualquier exigencia de deslinde de
responsabilidades. Al mismo tiempo, erosiona el propio legado que se dice
proteger, pues convierte al expresidente López Obrador en rehén permanente de
los errores ajenos, exponiéndolo a un desgaste que él mismo no provocó pero que
termina salpicándolo por la vía del silencio cómplice de quienes no deberían
estarlo invocando. La responsabilidad política, entendida en su sentido más
elemental, exige que quien ejerce el poder público responda por sus actos ante
las instituciones y ante la ciudadanía, no ante la memoria de un liderazgo
pasado. Mientras la dirigencia morenista continúe recurriendo al mismo libreto
—diluir la culpa individual en la figura colectiva del movimiento y su
fundador—, este partido seguirá reproduciendo la misma fragilidad institucional
que hoy lo mantiene atrapado en un ciclo de crisis recurrentes. La madurez
política no se hereda ni se invoca: se ejerce y comienza por aceptar que cada
militante, funcionario, gobernador y legislador debe responder por cada uno de
sus actos.