Vladimir Rothschuh
100% CITLALLI
Vladimir Rothschuh
IGUALDAD SUSTANTIVA
Vladimir Rothschuh
Baja
California, como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León,
Guanajuato y Coahuila, ocupa los primeros lugares a nivel nacional en todo
tipo de violencia contra las mujeres; este 2026 acumula 130 casos crueles. La
revisión de la SCJN al asunto de una estadounidense visibiliza lo que
ocurre en una entidad gobernada por una mujer y que se refleja en todos los
estados cuyas gobernadoras azules, guindas y verdes no significan mucho a la
sentencia de la presidenta Sheinbaum de que es tiempo de mujeres y de que
llegamos todas. Los ministros y ministras determinaron que el tribunal
colegiado que conoció del caso, con sede en Baja California, “no cumplió con la
obligación de juzgar con perspectiva de género, ya que validó una sentencia
condenatoria apoyada en ideas preconcebidas y en un uso deficiente de la prueba
circunstancial”. Apenas acaba de estar Citlalli Hernández en Baja California
dando seguimiento al Plan de Justicia de San Quintín que arrancó en agosto del
2025. Luego de varios trabajos territoriales con mujeres jornaleras, antier
culminó inaugurando un centro de atención integral de apoyo jurídico,
psicológico y social con las trabajadoras agrícolas víctimas históricas de los
abusos aún feudales en la región. El fallo de las ministras y ministros es
extensivo a jueces y magistrados para que actúen con perspectiva de género,
pues conminaron a fortalecer los derechos de las víctimas y otorgar seguridad
en el control judicial. El reciente acuerdo entre Hugo Aguilar Ortiz y Citlalli
Hernández apuntó a garantizar el acceso real a la justicia para mujeres,
niñas y adolescentes, así como a impulsar la igualdad sustantiva, erradicar la
violencia, pero sobre todo, la capacitación de las autoridades del Poder
Judicial con perspectiva de género. La ministra Esquivel tildó de que esta
revisión ordenada por el máximo tribunal, no indulta a la estadounidense de su
filicidio.
SIN JUSTICIA, SIN DERECHO
Por
Vladimir Rothschuh
La
crucifixión de Jesús desde la perspectiva del Nuevo Poder Judicial Mexicano, es
un tema que a 2026 años mantiene vigencia por la violación a las garantías de
todo proceso. Parece una obra cruel ante el espejo y que no nos asombra aquel
Sanedrín y aquella Suprema Corte: el proceso se hizo a oscuritas, literalmente
a medianoche y cuando estaban prohibidas las penas capitales; se orquestó al
margen de la potestad jurídica del derecho romano bajo tutela regional donde el
gobernante pasó por encima lavándose las manos; Jesús, México, no tenía un
defensor ni de oficio; las pruebas en su contra fueron fabricadas por sus
jueces que a su vez fueron los testigos en contra. El ministro presidente Hugo
Aguilar Ortiz muchas veces se expresó sobre las sentencias contra los pueblos
originarios por ser “legales pero injustas”. Un eterno conflicto, no solamente
mexicano, sobre legalidad y legitimidad, siendo el proceso a Jesús de Nazaret
indebido; ambas particularidades, ni fueron legales, ni fueron justas. Hoy el
Nuevo Poder Judicial Mexicano corrige por mandato soberano el desequilibrio
generado por los vicios de los poderes político y económico. La vieja escuela
kelseniana de la SCJN volvió a explicar décadas atrás, en un tratado de Ulises
Schmill, el indebido proceso al negado Mesías; trabajo llamativo por el
positivismo del Ministro Presidente, pero escaso en el realismo jurídico ante
los palpables abusos políticos de la tecnocracia, como fuente de poder
degradado que no alumbró durante esas fechas neoliberales, aquello en lo que se
había convertido la SCJN. El proceso injusto a Jesús, es una Pasión obligada
hoy en el Nuevo Poder Judicial pues hace a los mexicanos el cuerpo social
crístico replicado Pascua tras Pascua ante la retroalimentación de los abusos
políticos y económicos de un antiguo tribunal racista y clasista.
CORRUPCIÓN JUDICIAL
Vladimir
Rothschuh
En
el relanzamiento del sistema judicial bajo la separación de obligaciones y sin
yerro de por medio, estuvieron juntos en Colima, Hugo Aguilar, Celia Maya
García, Eva Verónica de Gyvés, Rufino H. León e Indira Isabel García, para
inaugurar la Visitaduría Regional de Occidente. Respondiendo a la nueva
transparencia y relanzamiento, la actual Suprema Corte se alejó de los vicios
del viejo orden judicial donde fungía como juez y parte de casi todo; porque
aquella Suprema, como diseñaba el presupuesto, también estaba a cargo de la
carrera judicial, decidía en los recursos materiales y financieros, era la
sancionadora de las faltas administrativas, fue defensora pública y hasta
tramitaba las licencias de sus trabajadores. De nada sirvió crear la Judicatura
que apuntaba en los noventa a acabar con la corrupción de los ministros, si al
primer golpismo de Zedillo se sumó el segundo de los Aguinacos, Juventinos,
Góngoras y Azuelas, pues asumieron, además del pleno, los quehaceres de la
Judicatura, hoy separados en los órganos que testean Celia Maya y Néstor
Vargas. La hoja de ruta notable en actos y jurisprudencias por el ministro
Aguilar Ortiz es de territorialidad para que la Corte, Disciplina y
Administración trabajen en campo y de cercanía a quienes la justicia distanció
por su centralismo. La Sala que inauguraron en Colima es un órgano de control territorial
acerca de las demandas contra jueces y magistrados de Jalisco,
Michoacán, Nayarit y Colima, ya para ser sancionados, ya suspendidos,
destituidos o bien exonerados, según los casos. No obstante que hoy vivimos la
digitalización del Poder Judicial, jamás una inteligencia artificial contará
con la sensibilidad de un humano y menos la calidez y cercanía que genera
certeza en las clínicas judiciales para oír, escuchar, responder en caliente,
pero sobre todo, retroalimentar en ambos sentidos los diálogos entre
justicias. Porque ha enfatizado el
ministro Hugo Aguilar que en los muchos Méxicos hay muchas justicias apegadas a
un corpus social que dan rostro a la Virtud que no al Derecho consuetudinario,
frío y desolador las más de las veces en que el pueblo buscó ser atendido.
Entonces, de aquí parte la probidad de los impartidores de justicia y sus
órganos de control, como división de responsabilidades internas en la
construcción de un nuevo orden que la moral común exige en cada mexicano
deseoso de un entorno y país armónico; “Idea” que a los milenios no han
podido suplantar o apagar las
interpretaciones modernas de una neoliberalidad que a todos pasó a escalpelo.
MUJERES AGENDA 2030
Vladimir
Rothschuh
Sin
sobrecargas políticas ni tabúes ideológicos, la ministra Yasmín Esquivel
patentiza su independencia y autonomía como impartidora de justicia del máximo
tribunal del país, cuando analiza el sendero de las mujeres en la política
mexicana a partir de la primera gobernadora en ocupar ese espacio en Colima, tal
fue Griselda Álvarez, y tiempo más tarde en Tlaxcala, Beatriz Paredes. Y desde
esa fecha, 1987, hasta 2018, solamente 7 mujeres fueron electas para una
gubernatura. Esquivel Mossa desde la nueva SCJN pluricultural encabezada por el
ministro Aguilar Ortiz y con mayoría femenina electa en su pleno,
ahonda en las reformas constitucionales de 2014 y 2019 sobre la
extensión de la paridad, aunadas a los nuevos criterios del TEPJF en el 2021
que empoderaron a las mexicanas en los espacios de elección popular. La
ministra Esquivel no invisibilizó a Griselda Álvarez tampoco a Beatriz Paredes,
debido a sus orígenes y actuaciones dentro del viejo orden del partido de
Estado, pero que obviamente sí marca un antes y un ahora entre las conquistas y
los derechos de las mexicanas, según las recientes estadísticas de género sobre
pobreza, salud, educación, empleo y gobernanza, señalados por los parámetros de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las recientes revelaciones de
ONU, CEPAL, CEEG, Mujeres e INEGI son que la situación de las mexicanas muestra
progresos sobre violencia de género, trabajo no remunerado y cuidados, salud y
derechos reproductivos, participación económica y política. Citlalli Hernández
reconoció la validez de estos indicadores para orientar las acciones del Estado
a favor de la igualdad sustantiva y la prevención, atención y combate a las
violencias contra las mujeres. Coincidió en los retos alcanzados en la
representación de mujeres en cargos públicos y su participación en
instituciones; avances gigantescos en paridad política con enormes desafíos
locales como son las desigualdades socioeconómicas, normas culturales
discriminatorias, y la concentración del poder en hombres. Prácticamente, los progresos
a favor de las mexicanas no son pasos de bebé en un país con hondas asimetrías
estructurales; si se revisan las agendas semanales de la ministra Esquivel y de
Citlalli Hernández, el distintivo común es el empoderamiento de las
mexicanas.
VULNERABILIDAD HISTÓRICA
Vladimir
Rothschuh
Vulnerabilidad
histórica es el eje para que el Supremo Judicial revise la convocatoria
legislativa de los tres nuevos o nuevas consejeras del INE. El mismo concepto
fue usado por la mayoría del pleno de la Corte de Justicia para atraer temas
electorales a su sala. Los ámbitos laboral, derechos humanos y electoral que
estaban vedados en el pasado al Máximo Tribunal, comienzan a ser parte de sus
revisiones, sentencias y hasta jurisprudencias, porque la vulnerabilidad de
indígenas y mujeres se amalgama no sólo en lo electoral, sino también en el
empleo y derecho a los derechos humanos. El Tribunal Electoral revisará las
impugnaciones a la convocatoria para las nuevas o nuevos miembros del INE
porque dejaron fuera los perfiles étnicos y de doble nacionalidad; ni un medio
mexicano, ni un mexicano puro habrían de formar parte del grupo de consejeros.
El magistrado Gilberto Bátiz ha mostrado coincidencias sobre la jurisprudencia
25/2024 pues la restricción de contar con la nacionalidad mexicana por
nacimiento para acceder a una consejería, es contraria a la regularidad
constitucional. Prácticamente, la sentencia final de los magistrados
electorales enmendará la convocatoria permitiendo que los grupos vulnerables
históricos puedan formar parte del Consejo General del INE. Las etnias han sido
el motor de la transformación de México, como lo deja en claro el fallo de ayer
de la SCJN y el de mañana del TEPJF. La Corte acaba de recibir la petición de
colectivos, organizaciones, academia para platicar sobre la Prisión Oficiosa,
castigada por la CIDH gracias al proceso de los hermanos nahuas Tzompaxtle
Tecpile y los antecedentes de Ernestina Ascencio, que por vulnerabilidad
histórica en Zongolica y no por guerrilleros, sufrieron abusos de los regímenes
priístas y panistas de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Cuando el Estado
Nacional era persecutor de los grupos históricos vulnerables y de sus causas
sociales, nació la culpabilidad de todo mexicano que dejaba de ser inocente,
sino sospechoso y enemigo del Estado. Con la sensibilidad indigenista del
ministro presidente Hugo Aguilar y su justicia pluricultural, posiblemente el
intríngulis de la prisión oficiosa iniciada con Fox, radicalizada por Calderón,
permitida con Peña y ampliado hoy su catálogo, tome un giro distinto conforme a
la sentencia de la CIDH de apenas hace unos años y en apego a la justicia pro
étnica de la Nueva SCJN.
JUSTICIA SUSTANTIVA
Vladimir Rothschuh
La mayoría de las quejas y denuncias internas ante el Tribunal de Disciplina Judicial, proviene de mujeres aún víctimas de las diferentes violencias dentro del Poder Judicial. El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández y el titular del Órgano de administración Judicial, Néstor Vargas, suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional para atajar, reeducar y sancionar la herencia de la vieja Corte resuelta a ignorar un lastre de décadas y agudizado con la ausencia de sororidad de Norma Piña; no bastaba que una mujer llegara si el “feminismo blanco” replicaba groseramente el especismo de nuestra larga cultura misógina. Por causas mayores, Celia Maya, no aparece signando el convenio, aunque sí la magistrada Eva Verónica de Gyves, por parte del ente encargado de sancionar a los jueces y magistrados, como mandos administrativos involucrados en los excesos de poder machista contra sus colaboradoras. También rubricaron el acuerdo Gilberto Bátiz por el TEPJF y Mara Lezama por la Conago. En los festejos juaristas de Guelatao, anunció Citlalli Hernández las Cartillas de Derechos de las Mujeres traducidas a las diferentes lenguas de pueblos originarios, lo que debió congratular al ministro presidente Aguilar Ortiz, en su afán de justicia pluricultural con sus Institutos Federales de Defensoría Pública (IFDP) especializados en la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, específicamente sobre los usos y costumbres hacia sus mujeres. Convergieron en Oaxaca el Ministro Presidente y la Secretaria de las Mujeres en el empoderamiento de las etnias a través de sus justicias. Al encabezar la suscripción del convenio, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, armonizaron la obligación de avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, uniendo voluntades para afrontar de manera vinculada los desafíos de la desigualdad estructural heredada por siglos de dominación religiosa y sus modelos económicos de señorío masculino. Hoy la nueva SCJN supera la paridad de género cuando la integran cinco mujeres ministras, habiendo concordado Yasmín Esquivel, Sara Herrerías y Lenia Batres en la trascendencia humanista de este convenio. Muchas sentencias y acciones administrativas del nuevo Poder Judicial son con perspectiva de género, como la Justicia en Labores de Cuidado; Investigación de Muertes Violentas; Combate a la Violencia por Interpósita Persona; Protección en Desaparición Forzada e Igualdad en el Empleo y el Deporte.
POR LOS CAMINOS DE JUÁREZ
Vladimir
Rothschuh
Hugo
Aguilar Ortiz es el segundo indígena en presidir la Suprema Corte de Justicia
de México. En vísperas de anteayer 21 de marzo y comenzado el fuego nuevo del
nuevo siglo Ce Tochtli, el ministro presidente de la SCJN desandó los caminos
de Benito Juárez, caminándolos enseguida de concluir el cuarto diálogo entre
justicias con las autoridades ancestrales Chocholtecas - Mixtecas en San
Cristóbal Suchixtlahuaca. Oaxaqueños, ambos presidentes indígenas de la Suprema
Corte de Justicia, sintetizan su tiempo y su siglo, como dijo Victor Hugo de la
lucha de Juárez contra el invasor galo-teutón; el mismo Napito III que
persiguió y exilió al genio de una Francia sin libertades e igualdades, cuyo tío inspiró con su Código Civil a
nuestros liberales a acabar con las castas religiosas e indígenas. Un preciado
bien de ser lerdianamente iguales ante la ley, ante un mismo idioma, pero que
condujo a otro de los males en la tenencia de la tierra devuelta a manos
blancas latifundistas. Ese segundo pico contra los indios, el primero fue la
conquista, replicaría al porfirismo, la Revolución y el finiquito de los
neoliberales en el siglo XX, con reformas antijuaristas, ya contra el ejido, ya
devolviéndole derechos a la alta curia con el 130 constitucional manoseado.
Como aquel Juárez que expropia al clero sus inmensos territorios para que las
etnias no pudieran acceder a ellas ante la igualdad de las leyes, a Hugo
Aguilar Ortiz le toca padecer la modernización salinista que reformó el 27
constitucional para libertad no de los ejidatarios y comuneros, sino otra vez
para quienes con dinero se hicieran de sus tierras como ocurrió con las Leyes
de Reforma. Semejante a un bucle de tiempo, nuestra alma nacional se miró desde
el otro lado de la espiral en la implosión del levantamiento zapatista, en la
que el luchador indigenista Hugo Aguilar
supo coincidir como expresión mixteca de los derechos agrarios escarnecidos por
las transnacionales de la explotación minera a cielo abierto: otra vez las
heridas a la tierra sangraban a sus protectores ancestrales cual venas
abiertas. Expresión de su época, Benito Juárez creyó en un México igual ante
las leyes, unificado por el español, sin castas, sin injerencias externas,
perfil que lo unifica y matiza un siglo después con el indígena mixteco Aguilar
Ortiz, que hoy preside la Suprema Corte bajo una innovadora perspectiva de
convergencia plural, fomentando las múltiples imparticiones de justicia del
centenar de pueblos originarios. A ese reconocimiento, fomento y participación
nativos, Hugo Aguilar Ortiz lo ha denominado “diálogo entre justicias”, porque
el derecho ajeno no trajo paz, sino privilegios y apropiación blanca sobre
agua, árboles, minerales, semillas y la vida misma pisoteada por hambre y
nuevas esclavitudes. El indigenismo de Leopoldo Batres, de los hermanos Caso,
fue el esnob apropiacionista de Maximiliano y Carlota. El lema de que por encima o al lado de la ley nadie,
tan usado y desgastado por una justicia de blancos, es hoy sometido a juicio
por la revisión pluralista del nuevo presidente de la nueva Suprema Corte, el
mixteco Hugo Aguilar Ortiz.
