AGUILAR VERSUS JUÁREZ

 

 

Vladimir Rothschuh

 

Samuel Ruiz solía contar divertidamente una anécdota sobre el apropiacionismo que explicaba aún las relaciones de la iglesia con las etnias: en los bautizos colectivos que él celebraba en San Cristóbal de las Casas preguntó una vez a un “chamulita” cómo se llamaría tu hijo y la respuesta fue “Jaguar”. Tatic le explicó que no debía ponerle ese nombre propio ante la epidemia que ya existía en la región como llamarse Coca Cola, Pepsi o Sami Davis Junior, era mejor que se buscara uno en el santoral cristiano. La acotación del sabio tzotzil vino de inmediato  “y ustedes sí pueden en la iglesia tener nombres de animales como el Papa León”. La explicación del Cura Rojo abundaba en la falta de respeto a las decisiones que tomaban los pueblos originarios. El hecho es que hoy el Vaticano tiene otro León de Papa que niega a la Virgen María como intercesora cual alguna vez fue negada la Tonantzin. Afortunadamente el mes pasado en la nueva SCJN se originó un parteaguas trascendental que corrigió trescientos años de virreinato y doscientos años de liberales y revolucionarios: el 5 de marzo pasado la nueva Suprema Corte reconoció la validez jurídica de documentos emitidos por la autoridad tradicional rarámuri para acreditar nacimientos y defunciones, sentenciando al Registro Civil chihuahuense a aceptarlas. En 1859 Benito Juárez radicalizó la iniciativa de Comonfort para restarle poder a la iglesia creando el Registro Civil que de un plumazo tampoco devolvió a los pueblos originarios sus ancestrales derechos porque ante todo, el Benemérito de la Patria presumía ser mexicano y no indio. Pero es un paisano suyo, el indígena mixteco Hugo Aguilar Ortiz, el  que 167 años más tarde repara esa desproporción liberal con la sentencia a favor de la comunidad rarámuri de Tehuerichi. Para el Ministro Presidente electo por mayoría de votos populares, su modelo de impartición de justicia se ciñe a la experiencia personal defendiendo los derechos de los pueblos originarios  engañados por Salinas, Zedillo y Fox en los Diálogos de Larráinzar. El reclamo de 1994 hoy parece simple frente aquella exigencia del EZLN hacia las etnias chiapanecas en torno a autoridades propias, gobiernos comunitarios, justicia conforme usos y costumbres, organización social y económica; sin excluir las obligaciones sociales que el neoliberalismo entorpecía porque conforme al legado juarista, el monopolio de poder del Estado en el Registro Público obstaculizaba a los pueblos originarios educación, salud, vivienda, voto, herencia: sin los “documentos oficiales” nada había que pedir o exigir. El punto final lo dio el mes pasado la innovación del ministro Hugo Aguilar al interior del Poder Judicial  implantando los sistemas normativos indígenas, su interculturalidad, su defensa territorial, su autodeterminación, su consulta previa, su reparación histórica, su igualdad, etcétera. Prácticamente el Cuarto Poder que se definía en 1994 como meramente étnico a través de las demandas zapatistas, es el que se replica a través del Ministro Presidente luego de incesantes luchas judiciales contra la parvedad de Vicente Fox que en 1991 pudo cobrar venganza al despojo de las tierras del rancho de su padre ocurrido durante la reforma agraria de los años setenta. Nada de los triunfos de los pueblos originarios bajo la autoridad de Hugo Aguilar en el nuevo Poder Judicial puede lograrse sin un asidero previo, la reforma constitucional de López Obrador de 2024 en beneficio de los pueblos originarios y que simplemente devolvió a los Diálogos de San Andrés su sentido básico. Siglo y medio más tarde de la majestuosa reforma liberal que despojaba a la iglesia de su iusnaturalismo, otro derecho natural del siglo XXI repatria a sus umbrales la grandeza inter y pluricultural de los pueblos originarios de los muchos Méxicos.  

IDENTITARISMO Y NARCOPOLÍTICA

 

 

Vladimir Rothschuh

 

Elección tras elección, sexenio tras sexenio, México repite los vicios posdemocráticos de los y las saltimbanquis que apetecen un nuevo cargo o encargo político y público con sueldo al erario, sin soltar el que desempeñan: senadores y senadoras que no renuncian para ser gobernadores; gobernadores que tampoco lo hicieron y ahora son legisladores; alcaldes que ambicionan ser legisladores con un pie dentro de la alcaldía; diputados con licencia que, por si fracasan, regresan a la curul; servidores públicos, ex consejeros, magistrados y jueces o burócratas dorados que, bajo emolumentos, aplican para ser consejeros del INE. Representan la insania pública expoliada a lo largo de décadas. Alguna vez dijo Sartori que el miedo era el cemento que sostenía la bóveda de las autocracias, dictaduras, populismos y seudo liberalismos. A la posdemocracia la sostiene la inmoralidad compartida. Amanecer con la camiseta de otro encargo o partido dándose golpes de pecho refleja la consanguinidad dividiéndose el botín; es nuestro identitario Establishment.  La malograda reforma electoral pasó de lejos por esos vicios comunes, inaceptables como usos y costumbres, tal si fueran la expresión dorada de la Atenas mexica.

II- Los «whitexican» seguidores de Trump no deberían discrepar con la sentencia de la Corte para que Inteligencia Financiera evite quedar en el ridículo como lo hizo ver el Tesoro estadounidense sobre CIBanco, Vector e Intercam. Merece el reconocimiento de los opositores políticos esta sentencia de la SCJN contra lavado, terrorismo y empresas fantasmas; los quejosos son los que no acompañaron el Plan A y B de la presidenta Sheinbaum porque no castigaba el lavado de dinero en las campañas electorales. Tampoco es una sentencia jurídica interventora de la Corte, como repiten los seguidores del presidente Trump cuando arbitrariamente piden su intervención en México. La Suprema dilucidó que el proceso pertenece a lo administrativo, no a lo judicial, porque se trata de prevenir riesgos; está de por medio el amparo, el bloqueo tiene caducidad, pero sobre todo debe Hacienda justificar su acción para no vulnerar la seguridad jurídica. La incoherencia de castigar la corrupción narcopolítica y rechazar la ampliación de facultades a la UIF marca una amplia agenda de tropiezos. El magnate de la Casa Blanca, conforme a los «whitexican», es bueno para unos asuntos y es terrible persiguiendo vía UIF narcoterrorismo y la narcopolítica de los cuellos blancos que testaferran la suciedad en el sistema bancario nuestro y global.

 

100% CITLALLI

Vladimir Rothschuh

Citlalli Hernández atesora muchísimas virtudes políticas, sociales, humanistas, feministas, y todas muestran su honestidad probada. Conforme a los principios transformadores, ni ha robado, ni ha mentido. Con garbo y frente en alto, no es hija de papi ni de mami para reprocharle nepotismo, sea porque le debe a sus progenitores su carrera partidista, menos es promiscua. Sus padres profesionistas han vivido al margen de la politiquería. Nadie puede acusar a Citlalli de robarse un centavo; dejó las arcas del partido rebosantes y de cuentas claras cuando la Presidenta la invitó a ser la primera secretaria de la primera Secretaría de las Mujeres. Citlalli fue a Nueva York y a Beijing en temas feministas y nadie la pilló comprando en tiendas de lujo, simplemente porque es íntegra en sus valores alejándose de las frivolidades de quienes anhelan locamente alcanzar una fatua nobleza burguesa. Nadie puede verla cobrando las rentas de sus edificios o desalojando a otros para adueñarse de sus predios. Posee Citlalli Hernández una identidad que la comulga con la Presidenta de la República y la hermana en el proyecto del segundo piso. En todas las giras de fin de semana, desde la campaña presidencial y hasta hoy como Jefa de Estado, Citlalli ha acompañado a Sheinbaum. Llega antes al trabajo y se retira después, incansable logró crear en todo México la mitad de los Centros Libre para defensa de las mujeres en un año y deja pendientes la mitad de los otros mil 250 municipios restantes. Después de la Cartilla Moral de López Obrador, Citlalli crea la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en español y todas las lenguas nativas. Las nuevas leyes de reforma contra la violencia de género, la estandarización nacional del delito de feminicidio, son su legado. Porque también fue su legado desde la Secretaría General, la alianza política con los verdes y los petistas, ahora destruida por la falta de visión, inteligencia, tacto, humildad y grandeza. Citlalli Hernández llega como relevista a salvar el restante medio juego de las elecciones del 2027, cuyos momios son en contra según los múltiples sondeos. Ante una mujer cien por ciento ética, la oposición volverá a ser moralmente derrotada.

IGUALDAD SUSTANTIVA

 

Vladimir Rothschuh

Baja California, como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Coahuila, ocupa los primeros lugares a nivel nacional en todo tipo de violencia contra las mujeres; este 2026 acumula 130 casos crueles. La revisión de la SCJN al asunto de una estadounidense visibiliza lo que ocurre en una entidad gobernada por una mujer y que se refleja en todos los estados cuyas gobernadoras azules, guindas y verdes no significan mucho a la sentencia de la presidenta Sheinbaum de que es tiempo de mujeres y de que llegamos todas. Los ministros y ministras determinaron que el tribunal colegiado que conoció del caso, con sede en Baja California, “no cumplió con la obligación de juzgar con perspectiva de género, ya que validó una sentencia condenatoria apoyada en ideas preconcebidas y en un uso deficiente de la prueba circunstancial”. Apenas acaba de estar Citlalli Hernández en Baja California dando seguimiento al Plan de Justicia de San Quintín que arrancó en agosto del 2025. Luego de varios trabajos territoriales con mujeres jornaleras, antier culminó inaugurando un centro de atención integral de apoyo jurídico, psicológico y social con las trabajadoras agrícolas víctimas históricas de los abusos aún feudales en la región. El fallo de las ministras y ministros es extensivo a jueces y magistrados para que actúen con perspectiva de género, pues conminaron a fortalecer los derechos de las víctimas y otorgar seguridad en el control judicial. El reciente acuerdo entre Hugo Aguilar Ortiz y Citlalli Hernández apuntó a garantizar el acceso real a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes, así como a impulsar la igualdad sustantiva, erradicar la violencia, pero sobre todo, la capacitación de las autoridades del Poder Judicial con perspectiva de género. La ministra Esquivel tildó de que esta revisión ordenada por el máximo tribunal, no indulta a la estadounidense de su filicidio. 

 

SIN JUSTICIA, SIN DERECHO

 

 

Por Vladimir Rothschuh

 

La crucifixión de Jesús desde la perspectiva del Nuevo Poder Judicial Mexicano, es un tema que a 2026 años mantiene vigencia por la violación a las garantías de todo proceso. Parece una obra cruel ante el espejo y que no nos asombra aquel Sanedrín y aquella Suprema Corte: el proceso se hizo a oscuritas, literalmente a medianoche y cuando estaban prohibidas las penas capitales; se orquestó al margen de la potestad jurídica del derecho romano bajo tutela regional donde el gobernante pasó por encima lavándose las manos; Jesús, México, no tenía un defensor ni de oficio; las pruebas en su contra fueron fabricadas por sus jueces que a su vez fueron los testigos en contra. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz muchas veces se expresó sobre las sentencias contra los pueblos originarios por ser “legales pero injustas”. Un eterno conflicto, no solamente mexicano, sobre legalidad y legitimidad, siendo el proceso a Jesús de Nazaret indebido; ambas particularidades, ni fueron legales, ni fueron justas. Hoy el Nuevo Poder Judicial Mexicano corrige por mandato soberano el desequilibrio generado por los vicios de los poderes político y económico. La vieja escuela kelseniana de la SCJN volvió a explicar décadas atrás, en un tratado de Ulises Schmill, el indebido proceso al negado Mesías; trabajo llamativo por el positivismo del Ministro Presidente, pero escaso en el realismo jurídico ante los palpables abusos políticos de la tecnocracia, como fuente de poder degradado que no alumbró durante esas fechas neoliberales, aquello en lo que se había convertido la SCJN. El proceso injusto a Jesús, es una Pasión obligada hoy en el Nuevo Poder Judicial pues hace a los mexicanos el cuerpo social crístico replicado Pascua tras Pascua ante la retroalimentación de los abusos políticos y económicos de un antiguo tribunal racista y clasista.

 

CORRUPCIÓN JUDICIAL

 

 

Vladimir Rothschuh

 

En el relanzamiento del sistema judicial bajo la separación de obligaciones y sin yerro de por medio, estuvieron juntos en Colima, Hugo Aguilar, Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés, Rufino H. León e Indira Isabel García, para inaugurar la Visitaduría Regional de Occidente. Respondiendo a la nueva transparencia y relanzamiento, la actual Suprema Corte se alejó de los vicios del viejo orden judicial donde fungía como juez y parte de casi todo; porque aquella Suprema, como diseñaba el presupuesto, también estaba a cargo de la carrera judicial, decidía en los recursos materiales y financieros, era la sancionadora de las faltas administrativas, fue defensora pública y hasta tramitaba las licencias de sus trabajadores. De nada sirvió crear la Judicatura que apuntaba en los noventa a acabar con la corrupción de los ministros, si al primer golpismo de Zedillo se sumó el segundo de los Aguinacos, Juventinos, Góngoras y Azuelas, pues asumieron, además del pleno, los quehaceres de la Judicatura, hoy separados en los órganos que testean Celia Maya y Néstor Vargas. La hoja de ruta notable en actos y jurisprudencias por el ministro Aguilar Ortiz es de territorialidad para que la Corte, Disciplina y Administración trabajen en campo y de cercanía a quienes la justicia distanció por su centralismo. La Sala que inauguraron en Colima es un órgano de control territorial acerca de las demandas contra jueces y magistrados de  Jalisco,   Michoacán, Nayarit y Colima, ya para ser sancionados, ya suspendidos, destituidos o bien exonerados, según los casos. No obstante que hoy vivimos la digitalización del Poder Judicial, jamás una inteligencia artificial contará con la sensibilidad de un humano y menos la calidez y cercanía que genera certeza en las clínicas judiciales para oír, escuchar, responder en caliente, pero sobre todo, retroalimentar en ambos sentidos los diálogos entre justicias.  Porque ha enfatizado el ministro Hugo Aguilar que en los muchos Méxicos hay muchas justicias apegadas a un corpus social que dan rostro a la Virtud que no al Derecho consuetudinario, frío y desolador las más de las veces en que el pueblo buscó ser atendido. Entonces, de aquí parte la probidad de los impartidores de justicia y sus órganos de control, como división de responsabilidades internas en la construcción de un nuevo orden que la moral común exige en cada mexicano deseoso de un entorno y país armónico; “Idea” que a los milenios no han podido  suplantar o apagar las interpretaciones modernas de una neoliberalidad que a todos pasó a escalpelo.

MUJERES AGENDA 2030

 

Vladimir Rothschuh

 

Sin sobrecargas políticas ni tabúes ideológicos, la ministra Yasmín Esquivel patentiza su independencia y autonomía como impartidora de justicia del máximo tribunal del país, cuando analiza el sendero de las mujeres en la política mexicana a partir de la primera gobernadora en ocupar ese espacio en Colima, tal fue Griselda Álvarez, y tiempo más tarde en Tlaxcala, Beatriz Paredes. Y desde esa fecha, 1987, hasta 2018, solamente 7 mujeres fueron electas para una gubernatura. Esquivel Mossa desde la nueva SCJN pluricultural encabezada por el ministro Aguilar Ortiz y con mayoría femenina electa  en su pleno,  ahonda en las reformas constitucionales de 2014 y 2019 sobre la extensión de la paridad, aunadas a los nuevos criterios del TEPJF en el 2021 que empoderaron a las mexicanas en los espacios de elección popular. La ministra Esquivel no invisibilizó a Griselda Álvarez tampoco a Beatriz Paredes, debido a sus orígenes y actuaciones dentro del viejo orden del partido de Estado, pero que obviamente sí marca un antes y un ahora entre las conquistas y los derechos de las mexicanas, según las recientes estadísticas de género sobre pobreza, salud, educación, empleo y gobernanza, señalados por los parámetros de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las recientes revelaciones de ONU, CEPAL, CEEG, Mujeres e INEGI son que la situación de las mexicanas muestra progresos sobre violencia de género, trabajo no remunerado y cuidados, salud y derechos reproductivos, participación económica y política. Citlalli Hernández reconoció la validez de estos indicadores para orientar las acciones del Estado a favor de la igualdad sustantiva y la prevención, atención y combate a las violencias contra las mujeres. Coincidió en los retos alcanzados en la representación de mujeres en cargos públicos y su participación en instituciones; avances gigantescos en paridad política con enormes desafíos locales como son las desigualdades socioeconómicas, normas culturales discriminatorias, y la concentración del poder en hombres. Prácticamente, los progresos a favor de las mexicanas no son pasos de bebé en un país con hondas asimetrías estructurales; si se revisan las agendas semanales de la ministra Esquivel y de Citlalli Hernández, el distintivo común es el empoderamiento de las mexicanas. 

VULNERABILIDAD HISTÓRICA

 

 

Vladimir Rothschuh

 

Vulnerabilidad histórica es el eje para que el Supremo Judicial revise la convocatoria legislativa de los tres nuevos o nuevas consejeras del INE. El mismo concepto fue usado por la mayoría del pleno de la Corte de Justicia para atraer temas electorales a su sala. Los ámbitos laboral, derechos humanos y electoral que estaban vedados en el pasado al Máximo Tribunal, comienzan a ser parte de sus revisiones, sentencias y hasta jurisprudencias, porque la vulnerabilidad de indígenas y mujeres se amalgama no sólo en lo electoral, sino también en el empleo y derecho a los derechos humanos. El Tribunal Electoral revisará las impugnaciones a la convocatoria para las nuevas o nuevos miembros del INE porque dejaron fuera los perfiles étnicos y de doble nacionalidad; ni un medio mexicano, ni un mexicano puro habrían de formar parte del grupo de consejeros. El magistrado Gilberto Bátiz ha mostrado coincidencias sobre la jurisprudencia 25/2024 pues la restricción de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a una consejería, es contraria a la regularidad constitucional. Prácticamente, la sentencia final de los magistrados electorales enmendará la convocatoria permitiendo que los grupos vulnerables históricos puedan formar parte del Consejo General del INE. Las etnias han sido el motor de la transformación de México, como lo deja en claro el fallo de ayer de la SCJN y el de mañana del TEPJF. La Corte acaba de recibir la petición de colectivos, organizaciones, academia para platicar sobre la Prisión Oficiosa, castigada por la CIDH gracias al proceso de los hermanos nahuas Tzompaxtle Tecpile y los antecedentes de Ernestina Ascencio, que por vulnerabilidad histórica en Zongolica y no por guerrilleros, sufrieron abusos de los regímenes priístas y panistas de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Cuando el Estado Nacional era persecutor de los grupos históricos vulnerables y de sus causas sociales, nació la culpabilidad de todo mexicano que dejaba de ser inocente, sino sospechoso y enemigo del Estado. Con la sensibilidad indigenista del ministro presidente Hugo Aguilar y su justicia pluricultural, posiblemente el intríngulis de la prisión oficiosa iniciada con Fox, radicalizada por Calderón, permitida con Peña y ampliado hoy su catálogo, tome un giro distinto conforme a la sentencia de la CIDH de apenas hace unos años y en apego a la justicia pro étnica de la Nueva SCJN.