El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la
iniciativa de reforma en el Poder Judicial, que enviará en septiembre del
próximo año, plantea reducir fideicomisos y sueldos, además de eliminar los
privilegios de ministros, jueces y magistrados, con el objetivo de generar
recursos en beneficio del pueblo. En conferencia de prensa matutina destacó que
la política de austeridad y cero corrupciones del Gobierno de la Cuarta
Transformación ha permitido financiar más obras con recursos públicos —sin
recurrir a contratar deuda— y, sobre todo, distribuir el ingreso con justicia a
la población que más lo necesita. Ante representantes de medios de
comunicación, el mandatario expuso 40 privilegios que mantienen altos
funcionarios del Poder Judicial, que se pagan con el erario público y
contradicen a la Ley Federal de Austeridad Republicana:
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Sueldos de más de 297 mil pesos mensuales,
superiores al que percibe el presidente de la República.
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Aguinaldos exagerados de alrededor de 586 mil
pesos, que representan 40 días de sueldo.
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Seguro de gastos médicos para ministras,
ministros y familia nuclear por 30 millones de pesos en adelante.
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Primas vacacionales por 95 mil pesos, que
significan diez días de sueldo.
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Un fondo para comer en restaurantes de lujo por
723 mil 690 pesos anuales.
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Un comedor especial en la SCJN donde pueden
ordenar alimentos a la carta y bebidas alcohólicas.
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Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada
uno.
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Presupuesto de cinco millones 540 mil 930 pesos
mensuales para contratar personal.
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Dos vehículos blindados tipo Suburban con valor
acumulado de seis millones de pesos, que se renuevan cada dos años.
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Pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año.
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Apoyo para gasolina por 22 mil pesos mensuales.
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Apoyo ilimitado para el pago de peajes en
autopista.
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Seguro de separación individualizado de
aproximadamente 20 millones de pesos al final de 15 años de servicio.
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Reciben una pensión vitalicia con casi la
totalidad de su sueldo cuando se retiran.
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El Poder Judicial suma en 14 fideicomisos
recursos por 20 mil millones de pesos, que se utilizan, principalmente, para
mantener estas prestaciones de por vida.
La reciente decisión de ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación respecto a la cancelación de las modificaciones en
materia electoral que promovió el Poder Ejecutivo, no representa la voluntad
del pueblo, afirmó el presidente: “Por eso rechazaron el llamado Plan B, porque
era impedir estos excesos en el INE y en el Tribunal Electoral, pero si se
aprobaba la ley, entonces tenía que aplicarse a ellos. Lo cierto es que están
violando la Constitución”.
