Vladimir
Rothschuh
Casas,
ranchos, fiestas, fines de semana de alcohol y drogas, marcaban el sino de la
relación del estado de Morelos con los ex ministros de la Suprema Corte. Hasta
antier ocurrió un hito histórico cuando llegó el ministro indígena mixteco Hugo
Aguilar Ortiz a Hueyapan, a inaugurar junto con sus hermanos nahuas
y Margarita González Sarabia, la enésima Casa de Asesoría Jurídica
Intercultural como las otras que ha abierto en Hidalgo, Sonora y Michoacán.
Desde que Hernán Cortés pasó por el Popocatépetl y el valle del Amatzinac
y le echó el ojo a la región próspera y volvió a Cuernavaca lugar de descanso,
esa ruta “turística” se ha mantenido corruptiblemente igual; como igual fue la
impartición de justicia desde la Conquista, virreinato, liberales,
conservadores, revolucionarios y posrevolucionarios, de espalda a los pueblos
originarios. No obstante, Morelos tiene un jurista “sabio” de los que
compusieron el esplendor porfiriano y alcanzó mérito como ministro de la Corte
y cuyo poder judicial lleva su nombre. Más tarde arribaría su nieto a
gobernador, de igual estirpe militar, a degradar Morelos y convertirlo en un
muladar de narcopolítica; hay quienes sostienen que entre don Teófilo y don
Jorge no hay parentesco alguno y que el Olea nomás es coincidencia, como si en
la política no las hubiera. Hueyapan tiene desde hace unas horas su Casa de Asesoría
Jurídica Intercultural, tan prematura como su reconocimiento en el 2017 de
Pueblo Originario y hoy amparado por la reforma de López Obrador de apenas hace
dos años, en que se retoman para todas las etnias del país, los
derechos que el EZLN propuso exclusivamente a Los Altos de Chiapas; incidente de
la ruptura entre AMLO y el Sub Marcos. El ministro Aguilar Ortiz ha creado
estas casas de justicia para que las etnias no sigan padeciendo la injusticia
de blancos que los han tratado como terceros a lo largo del Poder Judicial. Los
aspectos que fundamentan esta territorialidad, los redundó el ministro
presidente y están en: mayor apertura hacia los pueblos indígenas, cercanía de
la justicia a las comunidades y facilidades en no desplazarse a las grandes
ciudades; así como que las instituciones estatales encabezadas por Margarita
González Sarabia, ponderen las normatividades y organizaciones de los pueblos
originarios, tampoco tan ciegamente como es la venta de niñas conforme a usos y
costumbres originarias. El ministro Aguilar sienta las bases de la
interculturalidad a velocidad apremiante de su mandato presidencial en la
Corte, porque como Juárez, él entiende la temporalidad de esta coyuntura y lo
que vendrá en los próximos años con la rotación del encargo; aún hay ministros,
jueces y magistrados que imparten justicia mañosa y contra los pueblos
originarios sobran, pues envían a las cárceles a indígenas por delitos de
hambre y miseria, como es robarse un bolillo y sin saber español y al no gozar
de intérpretes, se pudren tras las rejas; así Hueyapan heredero de Chimalman y
el primer sabio de América, Quetzalcóatl (Prometeo), ha sido tristemente
víctima de esos abusos de poder, como los nahuas de la región de Puebla,
Guerrero y CDMX, ahora amparados con esta casa regional de justicia del nuevo
Poder Judicial.