Vladimir Rothschuh
Devuelve la SCJN en su primer pleno en territorio
indígena, el añejo concepto de “Cuarto Poder” históricamente reclamado por las
etnias y, que en forma y fondo, se encuentra lejano del mal autoarrogado cuarto
poder de la prensa. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz lo aprobaron por
unanimidad el resto de los integrantes del pleno y ante una nutrida comunidad
diversa de pueblos originarios que fueron a ser escuchados conforme las nuevas prácticas
de puertas abiertas del indígena oaxaqueño y ministro presidente de la Corte,
Hugo Aguilar. A partir de la sentencia del pleno en Tenejapa, Chiapas, todas
las etnias del país tienen derecho a presupuesto público y a gobernarse
conforme sus tradiciones. El chiapaneco y magistrado presidente del Supremo
Electoral, Gilberto Bátiz, también arrancó en territorio y ante los Chamulas, el enfoque de “Justicia Cercana” defendiendo los autogobiernos respaldados por
el tribunal electoral, así como la inclusión de los pueblos afromexicanos a su
autodeterminación. El ministro Hugo Aguilar cumplió una de sus promesas de
justicia in situ en plenos itinerantes por regiones indígenas donde Chiapas
ocupe el primer sitio nacional de pueblos originarios. Ayer el Presidente Aguilar
consiguió que la Nueva Corte plasmara en el dictamen en la ministra Ortiz y la
votación unánime de los ministros, que desde Chiapas, fermento del mundo en 1994,
las etnias tengan acceso a dinero del Estado para el desempeño de sus
autogobiernos. Aguilar Ortiz ya había emprendido acciones innovadoras en noviembre pasado, inaugurando la primera
oficina de la Defensoría Pública federal especializada para comunidades
indígenas y afromexicanas en el estado de Hidalgo. Por 500 años esa Corte
de Justicia dio la espalda a los mexicanos originarios, es triste repetirlo, pero nuestra primera constitución traducida a “mexicano”, tuviera que ser la
promovida por Carlota que defraudó a nuestros conservadores clasistas y
racistas. La justicia pluricultural de la nueva SCJN incluye la obligación del
Estado de brindar intérpretes a los indígenas sentenciados con abogados de
oficio multilingües afines a las necesidades sociales de quienes engrosan cárceles por delitos de hambre.