Por Vladimir Rothschuh
Nuestra memoria nacional ha
colocado el 15 de septiembre porfiriano de 1896
como el punto de partida de nuestros festejos independentistas, siendo que el Grito de Dolores es la suma de
otras iniciativas semejantes. Durante el Virreinato se acumularon conflictos
sucesivos en torno a una misma duda: quién debía ejercer el poder sobre un
territorio conquistado, poblado y habitado por generaciones que ya no tenían a
España como experiencia inmediata, sino como una autoridad distante y voraz. En
1528, los conquistadores comenzaron a enfrentarse con los funcionarios enviados
por la Corona. Alrededor de Hernán Cortés surgió la posibilidad de romper con
las disposiciones de la metrópoli, aunque el conquistador prefirió negociar con
Carlos V títulos nobiliarios y prebendas, dejando atrás a quienes pretendían
llevar la ruptura a sus últimas consecuencias. El germen resucitó en 1566 con
la siguiente generación mexicana: Martín Cortés Zúñiga, II Marqués del Valle, y
Martín Cortés “El Mestizo”. La facción criolla se reconocía como nacida en
suelo novohispano y con intereses propios. La conspiración impulsada junto con
los hermanos González de Ávila pretendió derribar a la Real Audiencia y colocar
a Martín Cortés, oriundo de Cuernavaca, como rey de la Nueva España, pero la
Corona respondió con ejecuciones, prisión y destierros. En 1624, las tensiones
alcanzaron al virrey Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, Marqués de Gelves,
cuyo gobierno fue derrocado por un motín popular en la Ciudad de México que
demostró la vulnerabilidad del poder virreinal en su propia sede. Años más
tarde, en 1642, Guillén de Lampart articuló un proyecto de emancipación que
incorporaba a indígenas, esclavos y sectores marginados; acusado por la
Inquisición, permaneció en prisión hasta su ejecución en 1659. Las dimensiones
del conflicto continuaron ampliándose. En 1660, la rebelión indígena de
Tehuantepec desafió los abusos de las autoridades locales y el peso de las
cargas tributarias. En 1692, la escasez de maíz y el acaparamiento de granos
desataron un estallido social masivo que culminó con el incendio del Palacio
Virreinal. El hambre y la marginación se consolidaron como motores de la
protesta contra el régimen. Durante el siglo XVIII, el orden colonial volvió a
ser sacudido. En 1761, Jacinto Canek encabezó en Yucatán una insurrección
indígena brutalmente reprimida, mientras que en 1786 las crisis agrícolas y la
especulación alimentaria provocaron nuevos motines violentos contra los
acaparadores de grano. En las postrimerías del régimen, la conspiración de los
machetes de 1799 confirmó que las ideas de transformación política permanecían
latentes en la capital. Finalmente, la invasión napoleónica a España en 1808 y
la abdicación de Fernando VII trasladaron la discusión al problema central de
la legitimidad: desprovista la metrópoli de rey, la soberanía debía volver a
los habitantes de la Nueva España. La pregunta que en 1528 inició como una
disputa señorial entre los conquistadores y la Corona adquirió, casi tres
siglos después, una escala social ineludible. Entre 1528 y 1810 hubo una
acumulación paulatina de choques de legitimidades: criollos contra
peninsulares, comunidades contra
instituciones; poder popular contra poder virreinal.