Vladimir
Rothschuh
Cumplió su primer año la nueva
Suprema Corte de Justicia de la Nación presidida por Hugo Aguilar, con una
premisa que rompe la vieja liturgia togal: la justicia debe dejar de ser un
capitolio para convertirse en muchos espacios cercanos a los muchos pueblos que
son los muchos Méxicos. Durante décadas, el Poder Judicial se construyó a sí
mismo como un templo distante, protegido por fórmulas herméticas y por un
cripto lenguaje que solo los iniciados podían descifrar. La nueva SCJN
conducida por Aguilar Ortiz tiene sello propio: un Poder Judicial que sale de
sus oficinas y se encuentra con el país real y
que reconoce que la ley, para tener sentido, tiene que hablar el idioma
de quienes la necesitan. La justicia, conforme a estas premisas, no puede esperar a que los
ciudadanos lleguen hasta ella, debe recorrer el territorio, escuchar a las
comunidades y reconocer que México rebasa
los escritorios de ministros, magistrados y jueces. Es una idea
presuntamente sencilla: aceptar que la
ley escrita no agota la experiencia de la justicia, y que entre el texto
normativo y la vida cotidiana de millones de mexicanos existe una distancia que
las judicaturas tienen la obligación de acortar. La justicia pluricultural es una dimensión significativa hacia la
diversidad de reconocer la complejidad del país ampliándola a otras voces, a otras comunidades y a otras formas de
entender la relación entre sociedad y Estado: pueblos indígenas, comunidades
históricamente ignoradas, visiones originarias del derecho que no siempre encajan en el molde
occidental clásico. Merece este gran
proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar, perdurar en una SCJN
más cercana pero no por ello más
vulnerable a las presiones del entorno. Escuchar a la sociedad tiene retos de obediencia ante la ley,
pues dialogar a veces se confunde
con complacer el voluntarismo de pobres
y poderosos. La legitimidad que la SCJN
gana abriendo sus puertas puede diluirse si esa apertura se confunde
con debilidad, si el diálogo se transforma en subordinación; es ineludible evadir que la proximidad
erosione la autoridad moral que un tribunal necesita para decir "no"
cuando la ley y lo justo así lo exigen guardando el punto medio del equilibrio.
Equilibrio que es la prueba decisiva
para Hugo Aguilar Ortiz debido a que su proyecto reconcilia dos
reivindicaciones que durante mucho tiempo parecieron incompatibles: una
justicia próxima a las personas y una Suprema Corte suficientemente fuerte para
ejercer su autonomía frente al poder político, económico y social. Por su origen indígena y siglos de
marginación, la voz del Ministro Presidente sostiene la humildad de quien escucha y la firmeza de
quien decide; en otras palabras, el indígena mixteco muestra la apertura de
quien dialoga y la independencia de quien no se deja arrastrar por las
presiones. La verdadera evaluación de este primer año supera la verborrea
populista, descansando en la experiencia concreta de quienes buscan justicia
muy real y demasiado verdadera, sabiendo que esta reforma judicial cubre
expectativas de menor distancia en una
práctica de impartición cotidiana y verificable. El primer informe de Hugo
Aguilar, esperemos que haya tres más, ha
colocado sobre la mesa una apuesta ambiciosa, quizá la más ambiciosa que se ha
planteado en la historia reciente del Poder Judicial mexicano: transformar su
cultura desde dentro haciéndolo más
transparente y horizontal sin volverlo
débil, más abierto sin sacrificar la independencia
que le da sentido a nuestro Máximo Tribunal de la Nación.