La incongruencia
latinoamericana de una izquierda que se proclama antiimperialista es que
terminó disputándose las posiciones del capitalismo político, las prerrogativas
presupuestales y las candidaturas como cualquier otra organización de derecha.
El Partido del Trabajo representa esa contradicción en México. Su historia se
desarrolló en el reacomodo político del salinismo y en la necesidad de
construir nuevas expresiones partidistas frente a la decadencia priista. Desde
entonces, la supervivencia del PT ha dependido de su capacidad para negociar
espacios, conservar registros y participar en coaliciones. De Carlos Salinas a
Andrés Manuel López Obrador, ha transitado Alberto Anaya por distintas
geografías presidenciales sin abandonar la jefatura de su partido. Cambiaron los
sexenios, los discursos y los padrinos políticos; permaneció la maquinaria
electoral subsidiada por el IFE. Ayer el PT se vendía como una izquierda
modernizadora; después se incorporó al vocabulario transformador de la Cuarta
Transformación. El cambio de lenguaje no alteró su vocación de negociar con el
poder. Por eso resulta tan revelador que ahora Alberto Anaya levante la voz
contra la supuesta injerencia estadounidense en la selección de candidaturas de
Morena para 2027. La soberanía es un principio irrenunciable, pero deja de
serlo cuando se aplica según la nacionalidad del interventor o la afinidad
ideológica del gobierno beneficiado. La soberanía no puede ser una patente de
corso para los socialismos amigos ni una condena automática para los imperialistas.
La doble moral se vuelve todavía más evidente cuando se contrasta la retórica
emancipadora con la realidad de los pueblos. Ahí se encuentra la bancarrota
moral de esta izquierda: en haber confundido el antiamericanismo con un
programa de justicia social y la defensa de sus aliados con la defensa de los
pueblos. El dinero capitalista no desaparece porque se disfrace de socialismo;
cambia de manos, de discurso y de beneficiarios. La antigua lucha de clases
termina reducida a una lucha por el presupuesto, las posiciones públicas y el
control de las candidaturas. El PT puede invocar la hoz y el martillo cuanto
quiera, pero la prueba de una ideología no está en sus retratos, sus consignas
ni sus homenajes internacionales. Está en su capacidad para transformar las
condiciones materiales de la población y someter el poder a equilibrios
democráticos. Si la praxis termina en componendas electorales, privilegios de
dirigencia y silencios frente al abuso, el socialismo se convierte en
decoración de una empresa política. Alberto Anaya tiene derecho a denunciar
cualquier injerencia extranjera; lo que no puede exigir es que su denuncia sea
creíble mientras practica una selectividad ideológica que condena los excesos
de unos gobiernos y disculpa los de otros. La soberanía no se defiende
escogiendo qué potencia puede intervenir y qué otra merece indulgencia. El
problema del PT no es que denuncie el injerencismo estadounidense, es que
pretenda monopolizar la soberanía mientras administra sus alianzas como una
franquicia ideológica. Una izquierda o una derecha que necesita gobiernos
extranjeros para justificar silencios y presupuestos con tal de conservar su
supervivencia electoral ya no representa una alternativa, no sólo al sistema
político mexicano, sino a cualquier otro.