Vladimir
Rothschuh
Las
demandas de los pueblos originarios, ignorados por siglos, representan la otra
historia de México. Larga y amplia lucha apenas plasmada en los años noventa
del siglo XX y lentamente añadida a la Constitución con el cierre dorado de la
reforma del 2022. Esos cuatro pilares se definen por su identidad colectiva,
relación espiritual, económica y cultural con el territorio; participación
efectiva en decisiones en sus tierras y la contención de los poderes públicos y
privados en su descarada depredación. Consolidar esos frutos de los pueblos
nativos hoy se le conoce como justicia pluri e intercultural, estimulada semana
a semana por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. De la
vieja SCJN, lo que hay en torno a las sentencias sobre las etnias se cuenta con
los dedos de las manos: los tristes y dilatados reclamos de los pueblos
oaxaqueños sobre sus usos y costumbres; ni qué decir de Cherán, Tecoltemi,
Ahome y Topolobampo. Expresión sumaria de los pobres resultados racistas que
jamás aceptaron los antiguos ministros. Ninguna tragedia entre los pueblos
originarios ocurrió, ni dejará de ocurrir, sin la intervención del Estado y su
tecnocracia. El envés renovador se llama interculturalidad de la nueva SCJN,
representada en los casos de Huimilpan sobre consulta previa en proyectos con
impacto ambiental; La Candelaria, para la libre determinación y
autogobierno; Tetelcingo, acerca del reconocimiento de las comunidades
originarias; la Ley Ambiental CDMX, invalidada por no consultar en obra
pública, y el caso de los rarámuris con sus normatividades propias. Aquel
viejo Estado depredador autoritario en sus decisiones a espaldas de los
pueblos, aún persiste en sus vicios con el Plan Estratégico Pemex
2025–2035 que busca gas y petróleo en la Cuenca Tampico-Misantla.
Marginando Pemex a las etnias de Veracruz, San Luis Potosí,
Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, ha sido exacto sobre lo que ocurrirá con el
fracking para la extracción de energéticos contaminantes. La reforma de López
Obrador a favor de las etnias pasó inadvertida por la vía constitucional,
como de hecho ha sido menospreciado el Plan Hídrico de Sheinbaum respecto a la
fractura de rocas para la obtención del gas shale. La actual efervescencia
territorial que vive la SCJN sobre sus Casas de Saberes Jurídicos, los Diálogos
por la Justicia Abierta, Jornadas Itinerantes de Justicia Intercultural,
Diplomado en Justicia Pluricultural, Laboratorio de Imaginación Jurídica
Subalterna, Incorporación de saberes comunitarios al Semanario Judicial,
Traducción intercultural y acceso lingüístico, conforma el decálogo de la
pluriculturalidad y que facilita a los pueblos originarios de la Cuenca
Tampico-Misantla, Tének y Náhuatl, la obtención de justicia ante el máximo
tribunal. El Plan Estratégico de Pemex fue diseñado sin consultar a las etnias,
simplemente se brincó a las instituciones indígenas representativas y las
ignoró con la información completa sobre los daños ambientales, culturales y
espirituales. Ni para dónde hacerse los ministros y ministras de la SCJN, como
tampoco Pemex, Semarnat y Sener ante lo explícito de los dictados
constitucionales de López Obrador en el 2022. Preceptos jurídicos sobre el tema
del fracking donde fue ambiguo el entonces mandatario, porque lo condenaba en
sus discursos, pero no emitió ninguna ley en contra. Y que se vuelve una oportunidad
histórica para que el Pleno que encabeza el ministro Aguilar Ortiz, acote
constitucionalmente un presunto vacío legal sobre la extracción petrolera del
fracking, pero que está implícita en la reforma constitucional del 22. Esta
transformación legal otorga a ministros y ministras un bien equipado aparato de
justicia intercultural cuyos instrumentos corregirán los excesos cometidos
por el arcaísmo postindustrial que apuesta por los restos fósiles.