La penúltima consulta que Palacio
Nacional celebró fue la que encabezó Pablo Gómez para interrogar a los
mexicanos acerca de qué querían de los partidos políticos y qué esperaban de
una reforma electoral. Fueron varias encuestas y varios gastos que en la
austeridad presidencial pudieron haberse obviado con simplemente hurgar en las
mediciones del INEGI sobre confianza ciudadana. Los resultados de los sondeos
para dar cuenta al Gobierno Federal de qué querían los electores, estaban de
más y estaban de menos. Porque cuando no se pregunta acusan a las autoridades
de omisas y porque cuando se pregunta
suele señalarse que estaba de más interrogar lo que ya se sabía. Dar gusto
desde el poder político es complejo y ahora la presidenta Sheinbaum anunció una
nueva consulta entre los pueblos originarios para saber qué desean. Una vez
obtenidos y condensados los anhelos de las etnias y del único pueblo
afromexicano, se volcarán dichas expresiones en articulados constitucionales
para que vuelva a ser acicalado por nuestros chauvinismos de derecha e
izquierda, el maldecido 12 de octubre. Ese día incorrectamente llamado de la
raza cuando son muchas razas y muchos Méxicos, uniforma y demoniza el encuentro
cultural de los europeos con los americanos. El doce de octubre que ya desterró
a Colón de su glorieta en la avenida Reforma de la CDMX, recobra brillo
constructivo con la inminente Ley Nacional de los Pueblos Indígenas y
Afromexicanos. Iniciativa muy útil proviniendo del Gobierno Federal, debido a que
suelen ser las autoridades federales las primeras en ignorar los derechos de
los pueblos originarios; constantes abusos que mantienen a la nueva SCJN
creando espacios jurídicos de saberes que enriquecen el diálogo de ida y vuelta
ante el derecho consuetudinario y omiso de nuestra realidad pluricultural. Tan
es así que los primeros ciegos y sordos violentando los derechos de las etnias
son los funcionarios federales como se reveló en simbiosis plena en la misoginia feminicida de Rodríguez
Padilla; como trataba a su esposa y a sus colaboradores de Pemex, igual
procedió contra las etnias Tének y Náhuatl de la Cuenca Tampico-Misantla con su
plan de extracción petrolera. A diferencia de la consulta de Pablo Gómez en
solitario y sin acompañamiento de los equipos de Gilberto Bátiz y de Guadalupe
Taddei, esta que viene sobre la futura Ley Nacional de los Pueblos Indígenas y
Afromexicanos, tendrá el acompañamiento del equipo interdisciplinario de Hugo
Aguilar Ortiz, porque nadie como el ministro presidente de la SCJN, ha vivido
las luchas de las etnias de todo el país. La reforma del presidente López Obrador a
favor de los pueblos originarios es amplia y contiene todos los reclamos
históricos sobre identidad colectiva, relación espiritual, económica y cultural
con el territorio y participación efectiva en decisiones en sus tierras.
¿Suplantará la nueva ley del Segundo Piso el legado obradorista o lo
enriquecerá? El acompañamiento de la SCJN a esta consulta merece un plus
urgente: la reeducación jurídica de los servidores del gobierno federal para
sensibilizarlos sobre los derechos que ya poseen las etnias y deben respetarse.
Si el golpeador y ex director de Pemex hubiese recibido un curso judicial de
interculturalidad es posible que haya consultado antes a las etnias de Puebla,
Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas sobre el fracking, como aconteció
además, ultrajando los derechos de las mujeres representados en la madre de su
hijo. El enorme malestar que jamás escondió Luz Elena González sobre Rodríguez
Padilla, era un farol ámbar advirtiendo la ineficacia del titular de Pemex que
alertaba a la Presidenta de la calidad del personaje mendaz, cínico y misógino
protegido. Si algún aprendizaje quedó con la ceguera mostrada en torno Rodríguez
Padilla, igualmente debe de haberla con la fallida reforma electoral frente a
la nueva ley que viene sobre los pueblos originarios y felizmente amparada por
la SCJN.