Por Vladimir Rothschuh
La arquitectura fiscal y
pensional mexicana continúa atada a una sociedad de empleo asalariado estable,
carreras laborales prolongadas y familias numerosas. Este México se desvanece
sin que el nuevo termine de nacer. La pandemia aceleró el cambio, las
tecnologías lo profundizaron y las nuevas generaciones comenzaron a romper con
las aspiraciones que durante décadas sostuvieron al México industrial y al
Estado burocrático. Los mexicanos
jóvenes alternan empleos, emprenden por cuenta propia, trabajan en plataformas
digitales y privilegian la liquidez inmediata frente a beneficios que perciben
lejanos o inciertos; cuestionan una formalidad que les exige cada vez más y les
devuelve cada vez menos. La seguridad social descuenta, las Afores administran
el ahorro para el retiro y los impuestos absorben una parte del ingreso, pero
el trabajador no siempre encuentra servicios médicos oportunos, una pensión
suficiente o condiciones para construir un patrimonio. El viejo pacto del
Estado social pierde credibilidad porque su promesa de estabilidad ya no
corresponde a la realidad. Para muchos mexicanos, comprar una vivienda, tener
automóvil, casarse y formar una familia numerosa dejó de ser una secuencia
natural de la vida. Tampoco los jóvenes consumen como sus padres: leen menos
periódicos impresos, no compran cachitos de lotería, les desagrada bailar, no
tienen hijos, no se casan, menos acuden al cine, usan Uber, y participan de manera distinta en la
economía. Ni rebelión generacional ni
moda cultural: detrás de estas decisiones hay ingresos insuficientes,
empleos precarios, vivienda inaccesible y una percepción creciente de que el
esfuerzo no garantiza movilidad social. México sigue evaluando el presente con
las reglas del pasado, por eso se encienden las alarmas cuando disminuye la
proporción de trabajadores que cotizan; se encienden las sirenas por la inviabilidad
de las pensiones y el desequilibrio de las finanzas públicas. Se habla de
ampliar la base de contribuyentes, formalizar empleos y aumentar la productividad,
pero se discute menos el costo que el propio sistema impone a quienes deberían
sostenerlo. Es ingrata la continuidad laboral en una economía que multiplica la
discontinuidad, más cuando se exige ahorro de largo plazo a quienes viven al
día y se pretende asegurar la vejez sin resolver la incertidumbre de la vida
productiva diaria. El actual pacto
económico pretende financiar el futuro
con las reglas laborales del pasado, sostener a las mismas élites políticas,
económicas, burocráticas y sindicales preservando espacios de protección y
privilegios, en tanto amplios sectores mexicanos soportan la pérdida de poder
adquisitivo, la precariedad y el encarecimiento de la vida. La carga se
distribuye de manera desigual, pero la factura termina llegando a quienes
tienen menos margen para defenderse. El México que fenece es el de la
estabilidad laboral como destino, la familia numerosa como norma y la seguridad
social como garantía automática de bienestar.