*Simbiosis social IMSS/Infonavit
*Fertilizantes, política y violencia
*Trump queda a deber
*Desafíos culturales del Tren Maya
VLADIMIR ROTHSCHUH
La cuenta regresiva del plan migratorio de los
45 días la sembró de vida el presidente López Obrador cediéndole 30 millones
de dólares a El Salvador. El gesto mexicano azota las talegas de Trump
obligándolo a cumplir su parte de un plan conjunto de desarrollo económico y
social en el sureste mexicano y parte de Mesoamérica: la prosperidad es el muro
natural que evitará las migraciones masivas hacia Estados Unidos. Esos 30 mdd
son una porción de las otras inversiones en Guatemala y Honduras, por ser las
principales naciones expulsoras del área. La ONU se comprometió a secundar ese
plan de López Obrador quizá como modelo piloto hacia otras naciones del orbe
que rankean los indicadores internacionales de exportación ilegal de mano de
obra. Por encima de las razones ideológicas que suelen mover la xenofobia como
es el caso de Trump y los grupos extremistas norteamericanos, López Obrador ha
puesto sus principios humanistas para que miles de mesoamericanos no tengan
que desplazarse por el sueño gringo a costa de arriesgar vidas cuando pueden
conseguir esa promesa en El Salvador, Guatemala y Honduras. El mandatario Bukele
representa esa derecha empresarial recién llegada al poder salvadoreño, pero
ello no frenó al presidente López Obrador a construir una alianza de prosperidad regional
prometida desde Bush y Salinas o más recientemente desde Peña y Obama quedando
en históricos engaños a las naciones. El enorme mérito de la Presidencia de
México ha sido el talento de López Obrador para apartarse de las etiquetas
políticas dando paso a la tolerancia y respeto a la diversidad asentándolo al
trabar con ideologías opuestas como la de Trump y Bukele, igual que lo hace sin
distingos con los gobernadores mexicanos opositores. Trump y Estados Unidos
quedan a deber en el Plan Marshall iniciado por México y López Obrador en
Mesoamérica.
Con Zoé
Robledo en el IMSS, Carlos Martínez acrecentará el espíritu de colaboración que
no hubo en meses pasados entre el Infonavit y el Seguro Social. Robledo apenas
designado comenzó a destacar las bondades de la 4T en derechos sociales
expresados en las cifras laborales del mes de mayo con mayor índice de empleo
que en el 2018 y todo por la fórmula que incorpora a los jóvenes becarios en el
pleno empleo. Carlos Martínez por su parte lleva recorrido gran parte del país
promoviendo el programa del Infonavit 'Responsabilidad Compartida' beneficiando a
26 mil familias con cinco mil millones de pesos y cuya meta es alcanzar 800 mil
derechohabientes. Muchos jóvenes becarios que ganan más del salarios mínimo
también esperan más que atención sanitaria del IMSS para ser considerados en la oferta
viviendera de Carlos Martínez. El derecho social a la vivienda propuesto en el
Infonavit atraviesa a las juventudes incorporadas por la 4T en el empleo
formal, como ya lo hace el IMSS entre los becarios y todo estudiante que desde
sexenios pasados no descubrieron que contaban con derechos a atención médica en
el Seguro Social. Nuevos programas innovadores se guarda Carlos Martínez en la
manga de la camisa y que con Zoé Robledo
en el IMSS le será más fácil concretar en la recuperación social de ambos
organismos.
La politización del fertilizante en Guerrero,
más el conflicto de interés que envuelve a Coldwell con los fertilizantes, no
detuvo a Víctor Villalobos en la entrega
de esos insumos a los pequeños productores rurales de Guerrero. Más de 200
centros de distribución abrió Sader en esa entidad beneficiando a los sectores
campesinos con mayor retraso económico y que habrá de decantar en paradigma
para otras regiones del país con alta marginación. El volumen que Víctor
Villalobos calcula atender supera a los diez mil agricultores por jornada y que
siembran especialmente frijol, maíz y arroz en una superficie de 450 mil
hectáreas. El paradigma está en que esa gratuidad sea filtrada para que llegue
a verdaderos productores rurales y no se siga beneficiando al crimen organizado
como señaló el delegado de Sader en Guerrero. La toma de carreteras, secuestros
de funcionarios y saqueo de bodegas federales, forma parte de la tradición
suriana donde la política y el crimen organizado han desempeñado su peor papel con los insumos agrícolas que no llegaban a sus destinatarios.
Alejandra Frausto dio un respiro a Jiménez
Pons, Jiménez Espriú y Miguel Torruco haciendo a la Secretaría de Cultura garante de cuidado y
respeto del legado de los dos mil sitios arqueológicos mayas por donde cruzará el tren del sureste. Los impactos
ambientales que siguen en veremos debido a la pusilanimidad de Josefa González
y de SCT, consiguen un giro con el acuerdo de Cultura y Sectur para
que las nuevas tecnologías mapeen el subsuelo precolombino y ayude a los
ingenieros y técnicos a trazar un buen proyecto que usualmente siempre conduce
a otros semejantes. Ya no se trata de los vagones culturales, de la difusión de
Museos Comunitarios, regidos por la burocracia administrativa que siempre llega
después a usufructuar la creatividad previa, pues el acuerdo de Frausto y Pons se
sitúa en el anteproyecto de un gran plan donde el presidente López Obrador ha
otorgado plazos fatales a sus colaboradores porque ese Tren Maya como Dos Bocas
y Santa Lucía, se ha topado con una ineficacia inaudita de quienes deben pasar
del discurso de siempre a los hechos renovadores de México. La responsabilidad
asumida por Alejandra Frausto es una
garantía bien aceptada por las comunidades indígenas, solamente ella será la
responsable en lo inmediato de la protección de ese bien cultural de siglos,
circunstancia que la coloca en la acera de enfrente de la abulia burocrática
dispuesta como siempre a obturar los grandes cambios del país. Alzar la voz y
sostener su autonomía es el paso inevitable de este convenio de Frausto con los
responsables del Tren Maya, ella como López Obrador no se prestará a
corrupción, partidismos clientelares y fatuidades ideológicas contra las que se
ha venido manifestando el Presidente de México.
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